- Acudieron a la sede legislativa los titulares de la PGJEM, Alejandro Jaime Gómez y de la SSC, Damián Canales, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno.
- Las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Tránsito, y Procuración y Administración de Justicia atendieron sus exposiciones y plantearon propuestas e inquietudes.
Toluca, México.- Como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Tránsito, así como Procuración y Administración de Justicia atendieron la comparecencia de los titulares de la Procuraduría General de Justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Damián Canales Mena, a quienes expresaron inquietudes en materia de incidencia delictiva, la participación del Ejército en tareas policiales, la evaluación de las corporaciones policíacas de la entidad, la efectividad del mando único y el caso Tlatlaya, entre otros temas.
Con la presidencia del legislador Apolinar Escobedo Ildefonso (PRI), y en presencia de los diputados Aarón Urbina Bedolla, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de Alonso Adrián Juárez Jiménez, presidente de la Directiva, el secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga, destacó la importancia “de rendir cuentas ante la sociedad en un clima de respeto y reconocimiento permanente a quienes los representan en esta Legislatura. Porque rendir cuentas es una característica de madurez de nuestra democracia”.
De acuerdo con el formato acordado por los legisladores en Sesión Ordinaria, después de una exposición general por parte de ambos servidores públicos, los diputados del PRI, Enrique Mendoza Velázquez y Sergio Mancilla Zayas, coincidieron en que existe una visión de Estado para combatir la delincuencia.
Mendoza Velázquez reconoció la importancia de trabajar para combatir el delito de trata y preguntó sobre la participación de la Gendarmería en los municipios metropolitanos, mientras Mancilla Zayas señaló la necesidad de poner en contexto las cifras sobre los delitos; entender que su incremento no es reciente sino de varios años, además de solicitar información sobre el avance en la evaluación de los elementos policiales, la situación en Valle de Bravo y las acciones relacionadas con la implementación de la nueva Ley General de Atención a Víctimas del Delito.
Los diputados del PRD, Armando Portuguez Fuentes y Octavio Martínez Vargas, coincidieron en la necesidad de tener una investigación seria y responsable sobre los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya. Portuguez Fuentes preguntó por qué se ha atacado el delito a través del incremento de penas; sí es posible que la prevención se logre con presencia policial, y si se cuenta con la capacidad técnica y científica para la investigación del delito, en tanto Octavio Martínez señaló que es apremiante para la sociedad mexiquense un mayor compromiso de trabajo en el tema de seguridad, así como el cumplimiento de proporcionar seguridad a los mexiquenses por parte de la policía estatal y municipal, además de revisar el correcto ejercicio de la fuerza de la Policía Federal y del Ejército.
Del PAN, Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo instó a los comparecientes a realizar mayores acciones en favor de la seguridad, paz y tranquilidad de la ciudadanía, mientras, Enrique Vargas del Villar, después de mencionar que la entidad ocupa los primeros lugares en delitos de alto impacto, ofreció la colaboración de su partido para enfrentar este tema en coordinación con la autoridad. Pidió al Ejecutivo estatal revisar el tema presupuestal en la materia para 2015 y señaló la importancia de emplear tecnología para combatir el delito.
El legislador Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza, preguntó al procurador por la estrategia de trabajo o el plan para hacer más eficiente a la institución y su compañero de Grupo Parlamentario, Marco Antonio Rodríguez Hurtado se comprometió a respaldar las tareas de ambas instituciones y a sumarse a las acciones por ellas implementadas.
Del Verde Ecologista, la diputada María Teresa Garza Martínez, quien hizo uso de la palabra en dos ocasiones, cuestionó sobre las acciones tomadas por la PGJEM para los delitos vinculados con la violencia de género, así como por el programa de video vigilancia y sus costos.
El legislador Norberto Morales Poblete (PT) propuso mayores acciones contra del desempleo, la pobreza y la corrupción de las instituciones para combatir en forma adecuada y desde su fondo, la violencia en el Estado de México, en tanto el coordinador de este Grupo Parlamentario, Óscar González Yáñez, propuso valorar alternativas al mando único policial porque no ha dado los resultados esperados, y se pronunció por limitar la actuación del Ejército en tareas extraordinarias, además de que pidió ampliar el acceso de los jóvenes a la educación superior, especialmente en la UAEM, y estimó que el descenso en las cifras del delito puede deberse a que la gente denuncia menos.
Por Movimiento Ciudadano, el legislador Higinio Martínez Miranda, quien también participó en dos ocasiones, exteriorizó su preocupación por el trabajo eficiente que cumpla los objetivos por parte de ambas dependencias, señaló inconsistencias en el caso Tlatlaya y preguntó cuánto perciben los policías ministeriales y cuánto deberían ganar los elementos de la SSC, así como por la nueva Fuerza Especial de Seguridad anunciada por el gobernador.
Por su parte, el procurador de Justicia, después de presentar cifras que muestran variables a la baja en la incidencia delictiva, explicó que las actuaciones de esta institución se apoyan en cinco estrategias: el fortalecimiento del capital humano, que implica su capacitación y redefinición de sus funciones; uso de nuevas tecnologías; actualización del marco jurídico, tarea en la que el Poder Legislativo ha colaborado firmemente; coordinación institucional y apertura a la participación ciudadana.
Admitió que hay rezagos y falta mucho por hacer. De los delitos que más preocupan a la sociedad, reconoció que el de homicidio mantiene altos niveles, que la presencia del Ejército y Marina obedece a petición expresa de autoridad civil, que en el caso Tlatlaya no es competencia de la PGJEM y ya lo investiga la Procuraduría General de la República (PGR). Abundó que la institución cuenta con dos centros de justicia de género, negó incongruencia en cifras de feminicidios porque se trata de una figura penal reciente, y que se separaron las fiscalías especializadas en trata de personas y desparecidos, pues no siempre hay relación entre ambos hechos.
Por su parte, Damián Canales dijo que se debe tomar en consideración el número de habitantes en el Estado de México para no caer en insustanciales comparaciones con otros estados sobre la incidencia delictiva. Como parte de su responsabilidad hacia la ciudadanía, se comprometió a que en los primeros cinco días de cada mes realizará una reunión con los directores de seguridad pública municipal para hacer más transparente la actuación de los cuerpos de policíacos, y a través de los medios de comunicación informar los resultados.
Se dijo consciente del tema de inseguridad y por ello trabaja con mayor vigor, en acciones acertadas y análisis de los hechos, con lo cual pretende disminuir el índice de violencia. De igual forma, manifestó su disposición para seleccionar, formar y capacitar rigurosamente más policías, ya que en el estado se tiene un déficit al respecto. Finalmente, sobre la Gendarmería señaló que es para lugares donde se están rompiendo o interrumpiendo ciclos, como el caso de Valle de Bravo; esta policía especial, aclaró, ayuda con mayor presencia y restablece el ciclo fracturado, pero no considera que los municipios del Valle de México ameriten su intervención.
