Alfonso Lara G.
Para la jurista e investigadora, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, México ya es un nuevo referente a nivel internacional en la medida que ha acatado -en sus términos- las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como es el caso “Radilla”; y enfatizó que dicho cumplimiento, quizás hubiera sido impensable hace poco más de una década, pero en el presente, el respeto a los derechos fundamentales nos permite formar parte del sistema interamericano.
Al presentar la obra “El control de convencionalidad y las cortes nacionales, la perspectiva de los jueces mexicanos”, de cuya edición fue coordinadora, destacó que este trabajo incluye la visión académica, analítica e interpretativa de 26 expertos de la abogacía en el ámbito jurisdiccional de las esferas nacional e internacional.
El operador del derecho está obligado a ver cómo puede servir de manera más eficiente al justiciable, qué es lo que le duele del sistema de impartición de justicia y en qué está fallando la sociedad al no haber resarcido el derecho que le fue violentado, citó Paula García Villegas en otra parte de su intervención.
Y reconoció que el poder reformador de la Constitución permite, en el presente, armonizar derechos consagrados en nuestra Carta Magna con los de tratados y convenciones internacionales, de los que nuestro país forma parte, lo que se traduce en una nueva relación entre los poderes públicos, escenario propicio para que los operadores del derecho asuman la responsabilidad de generar mejores respuestas a los justiciables.
La Jurista sostuvo que en esta nueva relación, emerge el tiempo del Poder Judicial y es necesario que los operadores procesales aprovechemos la oportunidad del poder reformador de la Constitución para resolver controversias de forma adecuada, evitando con ello los conflictos sociales.
El evento se realizó en el Aula Magna “Gustavo Barrera Graf” de la Escuela Judicial, y la presentación de la especialista estuvo a cargo del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Sergio Arturo Valls Sponda; mientras que en la parte de los comentarios se contó con la participación del Presidente del propio Tribunal, Baruch F. Delgado Carbajal, así como del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Marco Antonio Morales Gómez y del Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, Neófito López Ramos.
Ellos coincidieron en que el trabajo editorial representa el compromiso de los autores con el ejercicio jurisdiccional y la discusión académica, reconociendo además que los derechos fundamentales contenidos en nuestra Carta Magna y los consagrados en los tratados internacionales que vinculan a México brindan una protección más amplia a las personas, toda vez que rebasan la tradicional jerarquía normativa.
