- La propuesta del diputado José Antonio López (PRD) busca que las mujeres víctimas de violencia no dejen de dar seguimiento a las investigaciones y continúen con los trámites necesarios hasta la sanción del agresor.
- En sesión del Cuarto Periodo Ordinario, también aprobaron reformas para establecer que el Ministerio Público atienda todas las denuncias recibidas.
Toluca, México.- La 59 Legislatura mexiquense aprobó, de manera unánime, reformas al Código Penal de la entidad, con el propósito de que las mujeres víctimas de violencia, una vez denunciado el hecho, no dejen de dar seguimiento a las investigaciones y continúen con los trámites necesarios hasta la sanción del agresor.
Lo anterior, al establecer que en el caso de que existan datos que establezcan que se han cometido amenazas o advertencias de causar algún daño en contra de la víctima, denunciante o terceros, derivado de la noticia criminal que se haya hecho del conocimiento de la autoridad, la pena se incrementará hasta en una mitad.
La propuesta, formulada por el diputado José Antonio López Lozano, en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, fue dispensada del trámite de dictamen y avalada en sesión del Cuarto Periodo Ordinario que preside la diputada Martha Angélica Bernardino Rojas.
El texto señala que este delito se perseguirá por querella, salvo cuando los ofendidos sean menores de edad, incapaces, mujeres o adultos mayores, en cuyo caso se perseguirá de oficio.
El autor de la iniciativa reconoció el compromiso de sus compañeras y compañeros por anteponer el bienestar de las ciudadanas por encima de colores partidistas, “dejando claro que esta Legislatura es capaz de legislar con armonía y sentido común en beneficio de los mexiquenses”.
Aprueban Reformas para que el Ministerio Público recabe todas las denuncias
La 59 Legislatura mexiquense también avaló por unanimidad la iniciativa del diputado Víctor Hugo Gálvez Astorga (PAN) que establece la obligación del Ministerio Público de recabar todas las denuncias que sean presentadas por la ciudadanía.
Dispensada del trámite de dictamen, la iniciativa consigna que estos servidores públicos no están obligados legalmente a recabar y dar atención inmediata a las denuncias, por lo que es necesario disponer acciones que promuevan entre la población la cultura de la denuncia, el combate a la corrupción y el desarrollo entre los agentes del Ministerio Público de conductas de solidaridad y empatía con los denunciantes.
Para ello, se reformó el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
