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Las graves implicaciones de la falta de justicia

Aquiles Córdova Morán

Manuel Hernández Pasión, Presidente Municipal de Huitzilan de Serdán, en la Sierra nororiental del estado de Puebla, fue asesinado arteramente en las goteras de la ciudad de Zacapoaxtla, en la misma zona serrana, el día martes 10 de octubre de los corrientes. Ha pasado ya, por lo tanto, más de un mes del crimen sin que las autoridades responsables den alguna señal visible de querer hacer justicia en el caso.

Creo que todo mundo sabe de la proverbial ineficacia (o falta de interés) de los órganos encargados de investigar y castigar el delito en México, tal como lo demuestra elocuentemente la estadística que dan a conocer periódicamente los especialistas en el tema: de cada cien delitos que se denuncian ante el Ministerio Público (recordar que mucha gente se abstiene de hacerlo por temor o por considerarlo absolutamente inútil), solo 5 son investigados y solo 2 llegan a recibir sentencia, es decir, la impunidad en México anda por el orden del 90 o 95%, algo realmente escandaloso que debiera preocuparnos a todos los mexicanos por igual.

Teniendo esto en cuenta, creo probable que todo el que sepa del asesinato del Presidente huitzilteco tienda a pensar que no hay nada nuevo en ello; que se trata solo de una cifra más para la estadística de la impunidad, pero creo poder demostrar que no es así. Es cierto que Manuel no es el primer antorchista abatido a tiros por los enemigos del progreso y de la participación organizada de las masas populares en la política nacional; por el contrario, la lista de víctimas inocentes que pertenecieron a nuestras filas y que siguen esperando justicia como quien espera a Godot, es larga y dolorosa. Para no ir a buscar ejemplos a lugares y tiempos remotos, permítaseme traer a la memoria uno muy reciente y escandalosamente brutal e injusto, el secuestro y posterior sacrificio de don Manuel Serrano Vallejo, padre de la destacada luchadora Maricela Serrano Hernández, cuya familia, su señora madre en primer lugar, no ha recibido de las autoridades ni siquiera los restos de su ser querido para darles una sepultura digna.

De acuerdo con esto, también es larga y bien aprendida nuestra experiencia en la lucha contra la insensibilidad, la sordera y la ineficacia de las autoridades judiciales; sabemos cuál es el argumento infalible tras del cual se atrincheran siempre para eludir su responsabilidad frente a quienes reclaman justicia: una y otra vez, tantas como sean necesarias para aburrirlos y desanimarlos, les recitan la misma letanía: el “informe detallado de los avances”, la enumeración prolija de los “indicios” con que cuentan, la lista de “sospechosos” a quienes están “investigando”, las “pistas” que están “agotando”, etc., etc. Pero nunca pasan de ahí. El final es siempre el mismo: a pesar de sus ingentes esfuerzos, dicen, “no ha sido posible dar con los culpables” y, por tanto, tampoco es posible aplicarles “todo el peso de la ley” como habían prometido.

Pues bien, lo nuevo y distinto en el caso de Manuel es que las autoridades poblanas no pueden atrincherarse detrás del consabido pretexto de las prolijas y eternas investigaciones, sencillamente porque, ya a las pocas horas de haberse cometido el crimen, los autores materiales habían sido plenamente identificados. Ello obedeció a varios factores: a) el asesinato se cometió a plena luz del día en un lugar muy transitado, b) la zona está ampliamente vigilada por cámaras de seguridad, algunas de ellas propiedad de SEGOB federal, c) los asesinos echaron mano de cuatro vehículos que fueron fácilmente identificados por las cámaras, d) el asesino directo de Manuel usó un camuflaje fácil de distinguir y recordar, e) para colmo de certezas, el vehículo del asesino directo fue abandonado en la escena del crimen, y dentro de él se halló el camuflaje respectivo. Hay testigos oculares que lo vieron abordar el vehículo abandonado y que identifican plenamente tanto al carro como al usuario, a este último por nombre y apellido.

El Comité Estatal antorchista de Puebla ha tenido dos entrevistas con el Secretario de Seguridad Pública del estado y con el titular de la fiscalía poblana en presencia del Secretario Diódoro Carrasco y del Gobernador, Lic. Antonio Gali Fayad. En dichas reuniones (sobre todo en la segunda) se pudieron confrontar los datos arrojados por la investigación de la fiscalía con la información proporcionada a los antorchistas por diversos testigos oculares. La coincidencia fue de casi el 100%, es decir, la identificación de los asesinos quedaba fuera de toda duda razonable y las autoridades presentes se comprometieron a arrestarlos en un plazo no mayor a tres días a partir de la fecha de la reunión. La pregunta es, entonces, ¿por qué no se ha cumplido el compromiso? ¿Quién está frenando, y por qué, la aplicación de la ley? Debo añadir aquí, como dato relevante, que personas aparentemente ebrias se han acercado, de noche y furtivamente, a los dirigentes antorchistas de Huitzilan para susurrarles por lo bajo: “nomás quiero decirte que te van a matar; que son tres de ustedes los que están en la mira”. Y sueltan los nombres. Hay, pues, en marcha, una campaña de terror, de intimidación que busca debilitar la voluntad de lucha de los antorchistas huitziltecos y su decisión de exigir justicia para Manuel. ¿Qué pasará cuando sus promotores comprueben que sus amenazas no surten el efecto deseado? ¿Cuántos asesinatos más serán necesarios para desbloquear el ejercicio de la ley, en Huitzilan y en todo el estado de Puebla?

Queda claro, pues, que el asesinato de Manuel no es un número más para la estadística; que se trata de un hecho relevante en el cual parece claro que las más altas autoridades del ramo se niegan a detener y castigar a asesinos plenamente identificados. Quiérase o no, esto implica que alguien con mucho poder está frenando el libre curso de la justicia, tal vez por un contubernio inconfesable con los delincuentes, con lo cual desvirtúa hasta el ridículo al Estado de Derecho, a las instituciones encargadas de impartir justicia y al Estado mismo en su conjunto. Implica incrementar el desprestigio y la creciente falta de confianza del gran público en la democracia y en sus instituciones y abre el camino a todo tipo de peligros para la paz pública. En efecto, muerta y pisoteada la ley, solo queda la fuerza bruta para quien pueda y sepa usarla.

No olvidemos, además, que Manuel Hernández Pasión fue asesinado en medio de un clima de linchamiento público, mediático principalmente, de su persona, de su administración y de su militancia antorchista, clima a cuya conformación contribuyeron muy destacadamente el cura José Martín Hernández y el multimillonario cacique huitzilteco Alonso Aco, hoy convertido en sacrificado defensor de los indígenas y futuro candidato al Gobierno de Puebla por la alquimia política de MORENA. La santa alianza de ambos pillos convirtió a Manuel en una “bestia apocalíptica” que amenazaba a su pueblo y a sus sagradas creencias y merecía la muerte. La sucia campaña fue eficazmente secundada y amplificada por la inmensa mayoría de los medios poblanos, que le dieron todo el vuelo que pudieron, añadiéndole, además, todo lo que su odio visceral o sus intereses venales les aconsejaron. Necesario es decir, además, que semejante campaña de linchamiento no es nueva ni se constriñe solo a Manuel; la sufre todo el antorchismo poblano y nacional desde su nacimiento, y en ella confluyen los intereses electorales de los dinosaurios de todos los partidos, incluido el PRI, el odio de los funcionarios ineptos y corruptos que se niegan a resolver las legítimas demandas de los antorchistas y responden atacando a sus líderes, las preferencias ideológicas o el interés económico de medios y reporteros, que también se disfrazan de redentores populares para poder lanzar impunemente sus ataques.

Esta mezcla explosiva y asaz destructiva no es algo nuevo. Por el contrario, es algo conocido y varias veces vivido por la sociedad, y no solo la mexicana (recordemos, por ejemplo, el sacrificio de Madero y Pino Suárez) sino por otras más evolucionadas, como la Alemania de Hitler. La desaparición de las fronteras entre criminales y cuerpos de seguridad, entre delincuentes e impartidores de justicia, entre mafias torvas y grupos de poder (que se puede rastrear, por ejemplo, en el teatro de Bertolt Brecht), fue el preludio de la dictadura nazi fascista de Hitler. Una situación así parece ser síntoma claro del agotamiento de un modelo económico, impuesto a fortiori por el Gobierno; parece el fruto de una sociedad polarizada en favor de una minoría privilegiada y a la que no le queda más recurso que el garrote y el “rifle sanitario” para mantener a las mayorías sumisas, calladas y trabajando para los poderosos. ¿Es eso lo que empieza a manifestarse entre nosotros? ¿Nos encaminamos a la dictadura, es decir, al simple uso de la fuerza bruta para gobernar al pueblo? Si es así, más vale saberlo a tiempo; si no, entonces ¡hágase justicia completa y rápida en el caso de Manuel Hernández Pasión! Señor gobernador Antonio Gali Fayad: usted tiene en sus manos la gran oportunidad de devolver la confianza y la esperanza a los pobres de su estado, que llaman a su puerta pacíficamente demandando elemental justicia. ¡Escúchelos ahora que aún es tiempo! Mañana puede ya no ser necesario.

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