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Posicionamiento sobre el sistema nacional anticorrupción

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Ciudad de México.- Con el propósito de consolidar una política de unidad para hacer frente a la corrupción, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hace un respetuoso llamado al Congreso de la Unión y a los Congresos de las entidades federativas a fortalecer el Sistema Nacional y los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), con los marcos normativos necesarios para su adecuada operación.

El INAI considera que el combate a la corrupción requiere del trabajo articulado de todas las instancias que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y los Sistemas Locales.

Cabe señalar que el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción afianzará los procesos de investigación, persecución y sanción de estos delitos, por lo que resulta fundamental su nombramiento.

Igualmente importante es la aprobación de las leyes para implementar los SLA, que permitirán establecer una política de unidad en el combate a la corrupción, desde las entidades federativas, de ahí la importancia de contar con el andamiaje legal para la adecuada operación de los Sistemas Locales.

Ayer, 18 de julio, venció el plazo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas expidieran las leyes y realizarán las adecuaciones normativas necesarias para la implementación de esos sistemas.

Finalizar la etapa de aprobación de los marcos normativos de los SLA y las reformas a las leyes complementarias, en todas las entidades federativas que aún no lo han hecho, debe ser prioridad para los congresos locales, a fin de dar un paso firme para la implementación de las normas necesarias para el combate a la corrupción.

El INAI, como integrante del Comité Coordinador del SNA, refrenda su compromiso, en el ámbito de sus competencias, asegurando, a través de sus resoluciones, la entrega información que pueda ser útil para identificar y esclarecer posibles actos de corrupción.

El Pleno de este Instituto garantizará a los ciudadanos el acceso a toda la información relacionada con actos de corrupción, como lo establece la Ley General de Transparencia.