Laura Castillo García
Vocera del Movimiento Antorchista en el Estado de México
Para controlar a las masas populares a fin de que, como decimos en buen mexicano, “no se le suban a las barbas” a las autoridades y estas puedan controlarlas y hacer que se plieguen a sus intereses políticos y particulares, los gobiernos de todos los niveles han acudido a la represión, a la violencia armada, sin importarles que, por los golpes que asestan a los reprimidos, dejen a gente lesionada de por vida o que el saldo por utilizar armas blancas o de fuego deje a inocentes asesinados.
Coartar, limitar los derechos de los ciudadanos, limitar sus luchas y desacreditar sus éxitos ante los ojos de los demás, a fin de que no se constituyan en “mal ejemplo” en el sentido de que otros grupos organizados pretendan, mediante la gestión y la lucha, hacer realidad los derechos que están estipulados en la Constitución mexicana y, sobre todo, preservar los privilegios de los grupos gobernantes, son los objetivos centrales de la represión gubernamental hacia grupos populares.La historia de México, nos da bastantes ejemplos de represión gubernamental, empezando por el silencio que guardan los medios de comunicación para que la gente no se entere de tal o cual lucha o denuncia popular hacia sus gobernantes; así no se enterarán de que alguien acusa al gobierno y menos de si este satisfizo alguna de las demandas de la gente. Los medide comunicación, salvo excepciones, también juegan el papel de calumniadores para desacreditar a luchadores y movimientos sociales.
No es que a los mexicanos no les interese lo que sucede en su país; sí, sí se interesan y más cuando los protagonistas son gente como ellos, que pertenece a la clase trabajadora y, por tanto, que enfrentan los mismos problemas y que con su lucha llegan a solucionar problemas que todos padecen como: falta de servicios básicos en sus comunidades; falta de escuelas, de clínicas de salud, de espacios deportivos o lo que sea.
Pero, precisamente por eso, porque las luchas populares brindan caminos para solucionar los problemas de los mexicanos “de a pie”, de los mexicanos “comunes y corrientes”, como solemos decir, es que a los gobiernos de todos los niveles les conviene silenciar este tipo de movilizaciones populares a fin de que no se vuelvan ejemplo de otros grupos humanos que sufren los mismos problemas debido a la discriminación y el abandono en que los mantienen los gobiernos, ya sean municipales, estatales o federales.
El otro tipo de represión gubernamental se da cuando las autoridades utilizan la violencia sin medir las consecuencias, pues, en su desesperación por no querer satisfacer las demandas populares y no poder frenar las luchas populares que buscan que se hagan realidad sus derechos humanos –como a mejores condiciones de trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación o a infraestructura deportiva, entre otras–, los frenan con palos, tubos pistola o hasta cárcel, con el argumento de que esos grupos en lucha actuaban en la ilegalidad.
Juan José Lara-Oviedo, en su trabajo intitulado “Represión sobre los movimientos sociales en México, resultado de la guerra fría”, publicado en la revista Criterio Libre Jurídico, sostiene que: “La represión se refiere a la forma en que se contiene, detiene y castiga las actuaciones políticas o sociales desde el poder por parte de las autoridades públicas, negando o impidiendo el ejercicio de los derechos y libertades que suelen considerarse propias de los sistemas democráticos, como la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, de asociación o de sindicación (Condés, 2007, p. 54).
Y que: “Habitualmente, la represión se ve acompañada por violencia, tanto legal como informal. En muchas ocasiones la fuerza con que se ejerce la represión (violencia misma) sirve de ejemplo ya que, por temor, el resto de la sociedad se reprima a sí misma en el ejercicio de la libertad, que queda así anulada para todos, excepto para el poder y para aquellos en cuyo beneficio se realiza la represión (Genovés, 1993, p. 103).”
En México, la violencia en contra de grupos organizados empezó en 1958 en contra del movimiento ferrocarrilero que luchó por aumento salarial, librarse de las camarillas charras en su sindicato y que los trabajadores tuvieran una participación más decidida en su sindicato. Después de un año de lucha, los ferrocarrileros lograron mejoras salariales, contractuales y alcanzaron compromisos a favor del derecho constitucional de vivienda para los trabajadores, además de que se convirtieron en ejemplo para muchos otros sindicatos. Como el movimiento ferrocarrilero no convenía a los intereses del gobierno, este respondió con represión: encarcelamiento de los principales dirigentes e intervención en estaciones e instalaciones ferroviarias, además de que no le importó dejar una estela de muertos, golpeados y perseguidos.
En esa época, también los maestros fueron reprimidos por luchar por aumentos salariales y prestaciones laborales al margen de sus líderes sindicales, quienes estaban en acuerdo con el gobierno para no resolverles esas demandas, por lo que “sus demandas económicas se convirtieron en protestas contra los dirigentes gobiernistas del sindicato y en un movimiento por su remoción (…) El 6 de septiembre de ese 1958, las calles del centro del entonces Distrito Federal presenciaron corretizas, golpes y abusos policiacos contra manifestantes y curiosos por igual.
En la historia reciente, continuamente los desarrollados medios de comunicación masiva brindan imágenes de represión gubernamental en todo el mundo; en México, en particular, año con año vemos cómo el gobierno de la 4ªT, dizque cercano a los más necesitados, reprime a las mujeres que se manifiestan en contra de los feminicidios o de la violencia en contra del género.
Los movimientos sociales que a lo largo de su historia ha encabezado el Movimiento Antorchista, sobre todo aquellos que han luchado durante meses por hacer realidad el derecho a la vivienda contenido en la Constitución mexicana, también han sufrido represión por parte de las autoridades del Distrito Federal (a finales de la década de los 90) y del Estado de México.
En el Estado de México, luego de varios meses de gestiones ante el gobierno estatal para que vendiera un terreno a 180 familias precaristas del municipio de Ixtapaluca –lo cual se concretó el 3 de octubre de 1990, fecha en que también cubrieron el enganche del mismo–, el 3 de noviembre del mismo año, un grupo de choque conformado por policías municipales vestidos de civil y ciudadanos engañados irrumpió en el terreno de la recién formada colonia Citlalmina y, a punta de golpes con palos, piedras y pistolas trató de desalojar a las familias que ahí habitaban desde hacía un mes. Al ver los agresores que no podían con la voluntad de la gente para proteger su patrimonio, solicitaron refuerzos y rápidamente llegaron los granaderos asignados con anticipación para realizar dicha tarea.
La represión fue brutal, el saldo fue de un colono asesinado, Gonzalo López Cid, e. innumerables colonos heridos, incluso de bala. Sin ninguna contemplación, los granaderos atacaron una casa donde algunos colonos resguardaban a niños. Incluso, relata una testigo: “una bala hirió a un bebé de seis meses, afortunadamente no pasó a mayores y el bebé herido hoy es un joven que vive en la colonia antorchista 6 de junio, pero que tiene la marcha de tan vil acción gubernamental”.
A 32 años de la represión gubernamental fracasó la estrategia de parar al Movimiento Antorchista para ahogar su exitosa lucha de conseguir un terreno barato para que mexiquenses humildes construyeran sus propias viviendas; la estrategia violenta no les funcionó a los políticos de entonces, ni al presidente municipal ni al gobierno del Estado de México: hoy, Antorcha goza de cabal salud y los colonos de Citlalmina viven en paz y en una colonia modelo en donde la infraestructura urbana satisface todas las necesidades para tener una vida moderna.
Desde 1990 los gobiernos han querido frenar a Antorcha, pero la organización popular no ha permitido tal atrocidad porque saben que organizados y en lucha permanente, lograrán brindar a sus familias un entorno digno. La lucha popular rinde frutos, por eso es necesario estar unidos y organizados para cambiar el rumbo del país.
