Política en Movimiento
Angélica Beltrán
Mal comenzó el proceso electoral este lunes con el peor de los escenarios; el asesinato a tiros de la candidata de MORENA al gobierno municipal de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán; y en pleno acto de campaña.
Tras el hecho, las voces de los morenistas se dejaron escuchar en todo el país, a través de las redes sociales; responsabilizaron al partido azul de estar detrás del crimen; esto, porque el atentado fatal ocurrió en Guanajuato, estado gobernado por el PAN, con Diego Sinhue a la cabeza.
Lo cierto es que estos son tiempos electorales y por ende las aguas están muy revueltas. Y, lamentablemente, los asesinatos políticos han comenzado a ser una realidad en nuestro país; desde el asesinato de Colosio en 1994, al que le siguió una serie de asesinatos de políticos, acribillados a plena luz del día.
De ahí a la fecha se escribe una larga lista de nombres de candidatos y gobernantes en funciones que han perdido la vida; sea por asesinado artero o en accidentes poco claros. Casos que, a lo largo de los años, siguen impunes. Y seguramente nunca se resolverán.
Sólo por mencionar algunos de esos trágicos casos, es menester no olvidar el asesinato del candidato del MC en Sonora, Abel Murrieta; también acribillado en plena campaña electoral hace tres años.
O el caso de la gobernadora de Puebla, quien, a unas semanas de asumir el cargo sufrió un accidente fatal. Lo mismo que Gisela Mota, alcaldesa de Temixco, Morelos, quien, sin cumplir 24 horas de haber protestado al cargo, fue asesinada en su propio domicilio.
Por casos como estos y decenas más en el ámbito político, bien podría decirse que en tiempos electorales el crimen organizado pone e impone voluntades a discreción; y es cuando más se puede hablar de un estado fallido y rebasado por la delincuencia.
Ante un panorama de impunidad como parte de la realidad de la impartición de justicia en México, es casi un hecho que no tendremos respuesta, otra vez, de los responsables del asesinato artero de la candidata Gisela Gaytán, en el arranque del proceso electoral 2024.
Los programas sociales, la bandera de la oposición
Si algo ha criticado ferozmente el PAN desde su fundación y crecimiento como partido hasta reciente fecha, son precisamente los programas sociales, de los gobiernos federales del PRI y hoy de MORENA. No obstante, hoy la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, se aferra a estos como bandera de campaña para ganar los votos que ya tiene perdidos con la gente que los recibe.
Resulta curioso, por decir lo menos, que Xóchitl Gálvez hable hoy con tanta vehemencia de las bondades de los programas sociales y que estos son derechos constitucionales que nadie puede arrebatar a los beneficiarios.
Y claro, lo que no dice la hidalguense es que los programas sociales son un derecho constitucional a pesar de la oposición. Ya que los legisladores del PAN votaron en contra de elevar a rango constitucional los programas sociales, como el de la pensión universal.
A la vez, siendo los programas sociales un derecho constitucional, no es garantía para no ser cancelados; basta con una reforma –de hondo calado/o estructural— para quitarlos del mapa, como han hecho panistas y priistas en los últimos 30 años, con reformas constitucionales, con las que han trastocado deliberadamente el espíritu social de la Carta Magna.
