Por: J. Prisco Árciga
Fotografía: Victoria Hadad A.
Toluca, México.- Sergio Javier Medina Peñaloza, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México -con la seguridad que proporciona el saber lo que se quiere, el cómo y el rumbo para alcanzarlo- aseguró enfático: ésta no es una administración tranquila, no es una administración oculta, no es una administración que se conforme con lo que hay; al contrario, vamos a lograr el ideal -y estoy seguro de eso- de tener una justicia de excelencia en el Estado de México, para que sea ejemplo nacional e internacional”.
En entrevista con “El Pulso del Estado de México”, el titular del Poder Judicial de la entidad mexiquense agregó “a partir de que inició esta administración, reitero, estamos en una gran transformación de los esquemas: queremos tecnología para que el ciudadano tenga una justicia pronta; queremos jueces más capacitados -y los estamos haciendo en la mejor escuela que tenemos- fomentando un modelo por competencias en la parte de las evaluaciones internacionales”.
Y precisó “Queremos mejorar y lo estamos logrando, para estar dentro de los primeros cinco lugares; concretamente en la materia mercantil, pero también queremos implementar e innovar acciones de contenido social, como esta que he comentado y muchas otras más de las cuales por supuesto siempre contamos con el apoyo de los medios de comunicación”.
A pregunta expresa sobre ¿cómo había arrancado, desde el primer minuto del pasado 18 de junio, la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en la entidad mexiquense?, Medina Peñaloza puntualizó: “el antecedente fue en junio de 2008, cuando se publica por primera vez un cambio histórico que prevé la creación de un Código Nacional de Procedimientos Penales y esto, para mí, es un gran parteaguas porque después de cien años -donde se encomendaba a los estados tener el control y manejo legislativo en materia penal y procesal penal- por primera vez se unifica bajo la idea de generar estándares comunes de aplicación; y esto para un penalista lo veo muy bien”.
A partir de ahí, abundó el magistrado presidente del TSJEM, “en el Estado de México, desde el 2009 empezamos a generar un Código propio de corte Acusatorio; tuvimos, incluso, el cinco de marzo del 2010, la radicación del primer Juicio Oral bajo el modelo acusatorio, tratándose del caso de un robo con vehículo, que se tramitó en Toluca, en Almoloya de Juárez concretamente; y el diecisiete de marzo de 2016, adelantamos la entrada en vigor del Código Nacional en los Distritos Judiciales de Tenango y Tenancingo”.
En una expresión firme, con un manejo de sus manos que semejaban a un director de orquesta imponiendo el énfasis a sus aseveraciones, el titular del Poder Judicial mexiquense describió “la razón era para poder afinar algunos detalles del modelo de gestión porque, siempre cuando hay un cambio de esta naturaleza se modifican cuatro estructuras fundamentales: primero la capacitación; en seguida la transformación de la arquitectura judicial; la implementación del modelo acusatorio; y la proyección de la aplicación para todos los delitos y en todo el estado”.
Por cuanto a la capacitación en el modelo acusatorio, detalló, “capacitamos a una gran cantidad de compañeros jueces, de hecho fueron dos mil ochocientos ochenta participantes en sesenta cursos distintos que incluían ciento sesenta y cinco jueces, veintiocho magistrados, en cursos de la Setec. Cursos para administradores de sala, para defensores de oficio y para víctimas; cursos en línea, todo esto fue la parte de la capacitación que se hizo en el estado durante estos años.
Con relación a la parte de la arquitectura judicial, al que consideró como otro gran reto superado, mencionó que se llevó a cabo la adaptación de salas y juzgados para el sistema oral. “En estos momentos ya tenemos cien salas de oralidad, distribuidas en todo el estado de México, que atienden dos turnos uno de las nueve de la mañana a las dos de la tarde y, el otro, de las dos de la tarde a las nueve de la noche.
“Esto quiere decir que, si vemos en términos de operatividad, tenemos el doble de salas, es como si tuviéramos doscientas salas porque es un estado que está operando mañana y tarde, atendiendo asuntos de carácter penal”, abundó.
Y en este momento, celebró, “tenemos a ciento sesenta y cinco jueces penales de control y de juicio: setenta y siete son de control y sesenta y ocho son jueces de juicio oral, y nueve tienen funciones dobles, es decir, de control y de juicio”.
Medina Peñaloza enfatizó “Así, como estamos en el universo de este esquema, yo puedo decir que el Estado de México fue uno de los pioneros en la implementación del modelo acusatorio, en la zona centro del país como, del norte, lo fue Chihuahua y, en el sur, Oaxaca”.
Tenemos, en este momento, la proyección de la aplicación para todos los delitos y en todo el estado y, además contamos con un incremento de presupuesto adicional para la operatividad bajo un estándar ideal del modelo acusatorio, con el incremento de cien plazas más para la parte penal, de los cuales veinticinco son jueces que ya fueron motivo de un concurso de oposición, veinticinco nuevos jueces de control, veinticinco secretarios y cincuenta compañeros en cargos operativos entre técnicos de audio y video, agregó.
“Por esto, puedo asegurar que el Estado de México no solo está listo, sino que ya está implementado, ya tiene experiencia en la implementación del modelo acusatorio y queremos ya compartir las experiencias del Estado de México a nivel nacional”, expresó.
Como podrán percibir, el tema requiere de mucho espacio en texto como para una obra completa, la que estoy seguro veremos muy pronto de la pluma y mente del Doctor Sergio Javier Medina Peñaloza quien es, además, destacado autor de libros en materia jurídica.
Permítanme concluir aquí con esta primera parte de la entrevista, para no dejarlo a la superficialidad de una nota ligera e inconclusa. En nuestro siguiente número impreso tomaremos otras perspectivas sobre el nuevo sistema de justicia penal, en particular, dentro del Estado de México, y de acciones diversas emprendidas por el titular del Poder Judicial del Estado de México. (Primera parte)
