- La diputada Guadalupe Alonso Quintana afirmó en tribuna legislativa que el “Programa de Límite Seguro” sólo ha causado malestar social y menoscabo económico, pero sobre todo transgrede el marco jurídico del estado de México.
Toluca, México.- Tras afirmar que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) asume la voz e inquietud ciudadana respecto al “Programa de Límite Seguro”, la diputada Guadalupe Alonso Quintana presentó iniciativa con el fin de cancelar de manera definitiva su implementación en el estado de México.
En tribuna parlamentaria, la diputada panista expuso que dicho programa causó malestar social y menoscabo económico, pero sobre todo transgrede el marco jurídico porque acosa la libertad y libre tránsito de los automovilistas, y su objetivo está encausado sólo para favorecer el enriquecimiento desmedido de las empresas concesionarias “Seguritech Privada, S.A. de C.V.” y “Proyectos de Ingeniería, Seguridad y Abastecimiento, S.A. de C.V.”.
Explicó que las concesionarias están constituidas como personas jurídico colectivas de carácter privado, por lo que carecen de embestidura oficial y sus actos adolecen de beneficio para los ciudadanos, por ello “El Programa de Limite Seguro” está lejos de garantizar una prevención de incidencia automovilística, y sólo se limita a la obtención de ingresos económicos sin claridad de su aplicación.
“La Ley de Movilidad del Estado de México ordena que “…cualquier proyecto o actividad que realice cualquier entidad del estado, deberá llevar a cabo un estudio de impacto de movilidad…”, situación de la que este programa adolece.
Guadalupe Alonso Quintana también argumentó que al referirse a la suscripción de convenios, el Código Administrativo en su Libro Primero señala que deberán ser congruentes con los programas estatales, y ante la omisión de existencia del programa, las fotomultas carecen de validez.
“La serie de violaciones al marco legal por la ejecución de este programa se suma la incertidumbre de la autenticidad y certeza de la imagen tomada por las cámaras, la velocidad a la que circula el ciudadano, así como la falta de señalamientos en las carreteras de límites de velocidad.
“Los avances tecnológicos demuestran la fragilidad y audaz maquinación con la que se puede alterar este tipo de elementos y fabricar actos nunca realizados, situación que en reiteradas ocasiones se presenta cuando se duplica o cuadruplica la misma infracción, hechos que coloca a los ciudadanos en estado de indefensión, al no poder refutar la afirmación de la autoridad”.
Ante esta situación, argumentó que los diputados locales tienen el compromiso y obligación de velar por el estricto respeto al marco legal, siendo congruentes con la reciente promulgación del “Sistema Nacional Anticorrupción”, para salvaguardar la persona, derechos y posesiones de los mexiquenses.
