Aquiles Córdova Morán
El viernes, 13 de los corrientes, un contingente de poco más de quinientos jóvenes que cursan estudios en la capital del país, salieron a la calle a manifestar su inconformidad por la agresiva conducta que las autoridades de la ciudad mantienen desde hace varios meses frente a un pliego de demandas que les hicieron llegar, en uso del derecho constitucional de petición, para su atención debida. Sin embargo, más tardaron los jóvenes en reunirse y organizar sus filas que el gobierno capitalino en enviarles un numeroso contingente policiaco, fuertemente pertrechado con escudos, macanas y máscaras antigás, que de inmediato los “encapsuló” (este es el eufemismo que emplea el gobierno capitalino), es decir, que tendió en torno suyo un poderoso y amenazante cerco para impedir no sólo la manifestación proyectada, sino cualquier tipo de movimiento o de desplazamiento de los estudiantes.
Antes de continuar con mi comentario, debo hacer algunas precisiones. 1).- Los manifestantes forman parte de la organización estudiantil nacional que se ha autobautizado como Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), en honor al ilustre pedagogo veracruzano que defendió en su tiempo una educación socialista para México. 2).- Ignoro con precisión cuáles sean sus demandas, pero es seguro que no deben ir más allá de la dotación de un albergue modesto, para no tener que vivir bajo los puentes o dentro de las alcantarillas, y un subsidio igualmente modesto para sus necesidades más elementales, con el fin de no interrumpir sus estudios por la precaria economía de sus familias. 3).- No es esta la primera vez que el GDF impide, mediante el abuso de la fuerza pública, que estos estudiantes mexicanos, en uso de sus garantías constitucionales, manifiesten públicamente sus peticiones o su inconformidad. 4).- Aunque reiteradamente se señala a su organización como un apéndice del Movimiento Antorchista, sin verdadera independencia organizativa y programática, esto no pasa de ser una malintencionada caricatura de la verdadera relación entre ambos organismos, cuyo avieso propósito es descalificar y desprestigiar su lucha por una educación de calidad y verdaderamente democrática y popular.
Ahora bien, la cuestión que plantea el trato brutal que el gobierno “de izquierda” del D.F. dispensa a los fenerianos es la siguiente: ¿A qué se debe el maltrato? ¿Qué hay en el fondo o qué se esconde detrás de esta especie de fobia en contra de sus peticiones y de su derecho a la libre manifestación pública? ¿Qué grave peligro o que temible amenaza advierte el GDF en este incipiente intento de organización en favor de una educación que llegue realmente a todos los jóvenes del país en edad de estudiar una carrera, sin que los estorbe su situación económica o social? No parece sencillo encontrar una respuesta comprensible y racional a esta interrogante, pero sí darse cuenta de que, en el trato que denuncio, se encierran contradicciones flagrantes que delatan muy a las claras la hipocresía y falsedad de un discurso oficial que no se cansa de hablar de libertad, democracia, respeto a los derechos legales y humanos de todos, respeto irrestricto a las organizaciones sociales, igualdad de oportunidades, atención a las demandas ciudadanas sin distinción de partido, raza, religión, sexo o condición social. Y varios etcéteras más.
Todo el país ha visto a los maestros de la CNTE ir y venir por donde han considerado conveniente, ocupar importantes espacios públicos por meses enteros, bloquear avenidas y edificios públicos las veces que lo han considerado necesario, enfrentar enérgicamente a los cuerpos policiacos enviados para “custodiar” sus actos de protesta, etc.; y nadie ha visto, en cambio, un intento siquiera del GDF para conculcar o limitar su derecho a la protesta. También hemos visto a otras fuerzas políticas importantes llenar el Paseo de la Reforma, “desquiciar” el tráfico, tomar el zócalo de la ciudad (“en defensa del petróleo”, por ejemplo); y no ha habido la más mínima señal de querer reprimirlos o limitarlos. Finalmente, todos hemos sido testigos de manifestaciones no tan ortodoxamente respetuosas del orden público, de los “derechos de terceros” y de la propiedad privada, a la que han lesionado rompiendo vidrios y puertas, pintarrajeado fachadas, arrojándoles cocteles molotov, etc.; y tampoco hemos visto al GDF intentar alguna medida sería para contenerlos o “encapsularlos”. Semejante trato a estas fuerzas sociales por parte del GDF a nosotros, los antorchistas de la capital y de todo el país, nos ha parecido en lo esencial justo, inteligente y respetuoso de la ley (también en lo esencial, salvo obvios y visibles excesos); jamás se nos ha ocurrido salir a exigir, en nombre de la paz social o del derecho al libre tránsito, “mano dura”, represión o siquiera limitación del derecho de manifestación de esos mexicanos.
Por tanto, en vista de estas verdades (que constan al país y al mundo) y de nuestra postura congruente frente a ellas, tenemos el derecho (y la obligación) de preguntar al GDF, a su titular Miguel Ángel Mancera: ¿Por qué a aquéllas sí y a la FNERRR no? ¿Por qué se emplea toda la comprensión, la tolerancia y la capacidad de negociación del gobierno con fuerzas que a veces exigen lo imposible, y a quienes piden educación sólo se les ofrece represión y tozuda negación a sus demandas? ¿No es esto discriminación, inadmisible parcialidad en favor de unos y en contra de otros? ¿No hay en esto clara violación a varios preceptos constitucionales y abierta transgresión a la obligación de gobernar para todos, sin ninguna clase de distinción y sin que el gobernante anteponga sus preferencias políticas o de otro tipo a los deberes derivados de su cargo? ¿Y no coloca esto al gobernante al margen o fuera de la ley?
Un último dato. Sé que, a raíz de que el liderazgo antorchista en el D. F. abogó en favor de los jóvenes fenerianos, el GDF también rompió con él toda negociación y se niega a atender sus demandas. Esto me sugiere que, en el fondo de tal conducta hay un prejuicio y un serio temor al desarrollo del antorchismo por considerarlo como “el caballo de Troya”, como un agente solapado del PRI que busca minar el poder de la “izquierda” en la capital y preparar su derrota electoral. Y que es por eso por lo que peleamos tercamente nuestras demandas. Esta opinión, debo decirlo con claridad, carece de todo fundamento. Nosotros tratamos de organizar y orientar a las masas populares en defensa de sus intereses, por convicción, por razones de principio, y no por ambiciones políticas de corto plazo. Pero, aunque fuera cierto esto último, ¿no tenemos, acaso, derecho a ello? ¿Por qué a quienes han hecho del arribismo político profesión y modo de vida les molesta o asusta que otros hagan lo mismo? El antorchismo del país exige respeto a sus garantías individuales y sociales y la atención debida a sus legítimas demandas; y se solidariza plena y abiertamente con los jóvenes fenerianos, tan injustamente humillados y preteridos por el gobierno de la capital. Así lo requiere la justicia social que nos falta y así lo exige la difícil coyuntura económica de nuestros días, en México y en el mundo entero.
