- Establece la creación de Juzgados Cívicos con autonomía técnica y operativa.
- Integra las iniciativas de las diputadas Karla Aguilar (PRI) y Azucena Cisneros (Morena).
Toluca, México. – Promover el acceso a la justicia cívica y regular su funcionamiento en los municipios mexiquenses mediante reglas mínimas de comportamiento cívico, así como establecer una clasificación básica de las conductas que constituyen infracciones administrativas y sus sanciones, al tiempo de fomentar los mecanismos alternativos de solución de controversias, son propósitos de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios, aprobada por el Congreso mexiquense.
En sesión deliberante, la diputada Karla Aguilar Talavera (PRI), expuso los principales aspectos del ordenamiento, que conjunta su iniciativa y la presentada por la legisladora Azucena Cisneros Coss (Morena), con un medio para fortalecer la convivencia armónica conforme al Modelo Homologado de Justicia Cívica como un modelo innovador que busca resolver los conflictos que se presentan entre personas en el día a día.
Estas situaciones, que se reflejan en la acumulación de basura en lugares públicos, colocación de objetos en las banquetas o el acoso callejero, desgastan el tejido social y generan un ambiente de impunidad, por lo que la justicia cívica fortalece la capacidad de los municipios en materia de seguridad y les devuelve un papel protagónico en la construcción de sociedad con mayor armonía.
Karla Aguilar explicó que el nuevo ordenamiento privilegia la economía procesal al desahogar los asuntos en una sola audiencia y de forma oral; pasa de un enfoque punitivo a uno basado en la reparación del daño o el trabajo en favor de la comunidad, además de que promueve la resolución pacífica de conflictos a través de la mediación y la conciliación, por lo que es un escalón necesario para contribuir a reparar el tejido social y le cierra el paso a la impunidad, por lo que agradeció el acompañamiento de las y los diputados, dependencias de gobierno y del Poder Judicial.
En su mensaje, la diputada Azucena Cisneros indicó que esta ley responde a una demanda de la ciudadanía, privilegia el diálogo en la resolución de conflictos para mejorar la convivencia en la comunidad y busca terminar con abusos de las autoridades municipales quienes sancionan conductas que no necesariamente son faltas o hacen oídos sordos a las denuncias.
Con la implementación de los juzgados cívicos, indicó, se garantizará la pronta solución de conflictos a fin de que no escalen a conductas delictivas o violentas. Asimismo, con la mediación y la conciliación se da un paso más en la transformación del estado para lograr un cambio verdadero que garantice derechos plenos, además de que responde a un compromiso de campaña con la ciudadanía de Ecatepec, por lo que llamó a las y a los diputados a socializar estas reformas a fin de informar sus beneficios.
Con este ordenamiento, el Congreso atiende el mandato establecido en la Ley General de Justicia Cívica Itinerante, en tanto que la población contará con un ordenamiento para atender sus conflictos, mediante disposiciones que fijen la competencia de las autoridades.
Promueve la convivencia armónica de las personas y la preservación del orden público como valores fundamentales para la cultura cívica; la corresponsabilidad entre habitantes y autoridades para conservar el medio ambiente, el entorno urbano, las vías, y espacios de concurrencia colectiva, los servicios, la salud y la seguridad pública, así como la cultura de la paz a través del diálogo.
Establece la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, como medios alternativos de solución de controversias; trato digno a las personas, con respeto a la diversidad cultural que caracteriza a la comunidad, sin discriminación alguna; y la solidaridad y colaboración entre la población y autoridades, así como entre los propios habitantes; especialmente con las personas que están en situación de vulnerabilidad, como una medida para mejorar el entorno y la calidad de vida.
La ley crea los Juzgados Cívicos con autonomía técnica y operativa, adscritos a la Secretaría del Ayuntamiento, los cuales operarán en turnos sucesivos con personal que cubrirán las 24 horas, entre ellos, una jueza o juez cívico, secretaria o secretario, una persona facilitadora, personal médico, de psicología y policíaco. Con la emisión del nuevo ordenamiento se reforman también la Ley Orgánica Municipal y el Código Administrativo, ambos del Estado de México.
