Laura Castillo García
Vocera del Movimiento Antorchista en el Estado de México
La cantaleta de “combate a la corrupción” que día tras día nos receta el presidente López Obrador se cayó estrepitosamente con el escándalo protagonizado por el organismo descentralizado conocido como Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el cual fue creado por López Obrador con el fin de “favorecer la productividad agroalimentaria” y su distribución en beneficio de la población más rezagada del país; pero que hoy, a cuatro años de haber iniciado funciones, está acusada de haber cometido delitos tan graves como: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, delincuencia organizada, defraudación fiscal, peculado y fraude –reconocido por López Obrador– por más de 9 mil 500 millones de pesos.
Dicen los expertos que la cantidad desviada en Segalmex representa el doble de los desvíos atribuidos a las acciones realizadas en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, motivo por el cual Rosario Robles Berlanga pasó tres años en la cárcel al estimarse en 5 mil millones de pesos el probable daño al erario federal.
El 18 de enero de 2019, cinco meses después del triunfo presidencial de López Obrador, inició funciones Segalmex –la cual nació de la fusión de Diconsa y Liconsa–, y lo hizo con buenos propósitos declarativos: garantizar que el maíz, trigo, arroz y frijol, además de la leche, tuvieran precios accesibles que favorecieran a los mexicanos. Pero, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, ahora Segalmex es la viva imagen de la corrupción.
El 15 de febrero de 2022, el diario La Jornada dio cuenta de la “trama de corrupción (en Segalmex) cuyas huellas se pueden rastrear hasta su creación y en la que se han visto involucrados funcionarios que fundaron el organismo, y por la que la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado más de 20 carpetas para indagar actos de corrupción.
“Las irregularidades que han sido detectadas, documentadas y denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), incluyen la entrega de múltiples contrataciones sin licitación, compras simuladas, gastos no acreditados y hasta la utilización de 8 millones de pesos de recursos públicos para “invertir” en el mercado de valores (acción autorizada por el entonces director de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández), mismos que ya fueron recuperados.” (Más de 20 pesquisas contra Segalmex por actos de corrupción, jornada.com.mx. 2022-02-15)
A pesar de que las primeras denuncias en torno a este caso de corrupción se realizaron prácticamente desde que la paraestatal inició funciones, fue hasta hace poco más de una semana que el problema fue reconocido por el presidente López Obrador, durante su conferencia mañanera, en la que defendió al titular de la dependencia, Ignacio Ovalle Fernández, a pesar de la cercanía que tiene con el acusado principal del fraude, René Gavira Segreste, “quien llegó a Segalmex junto con su director, Ignacio Ovalle Fernández, y entre 2019 y julio de 2020 se desempeñó como director de Administración y Finanzas.” (Ídem, La Jornada), fue acusado de haber otorgado multimillonarios contratos irregulares por adjudicación directa a empresas cuyos propietarios han sido señalados por la ASF de ser participantes de un esquema de contratación ilegal. Otros altos funcionarios de Segalmex, todos del equipo de Ovalle Fernández, también fueron denunciados por actos de corrupción.
No obstante que las denuncias fueron realizadas por trabajadores de Segalmex desde el año 2020, dicha corrupción fue reconocida por el presidente en una melodramática actuación del presidente que dice luchar contra la corrupción.
En México la corrupción sigue ahí y su combate está estancado porque las autoridades no ejercen acciones contra los culpables; sólo utilizan los discursos anticorrupción para impactar a la ciudadanía en los procesos político-electorales, como lo publicó el pasado mes de enero el organismo Transparency International (TI), reconocida ampliamente por colocar la lucha anticorrupción en la agenda global y cuya filial es el organismo nacional Transparencia mexicana.
El pasado 31 de enero, ambos organismos de transparencia presentaron la edición 2022 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), instrumento que registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios, sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los 180 países evaluados. Por tercer año consecutivo, México mantuvo la misma calificación en el IPC: 31 puntos y se ubicó en la posición 126 de los 180 países evaluados por Transparency International. En tanto, entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE), ocupó la última posición, pues no hay un combate real a las grandes tramas de la corrupción y “cada vez hay más evidencia pública de que las autoridades responsables de la impartición de justicia en esta materia podrían utilizar estas instituciones con un sesgo político-electoral.” (TI).
Independientemente de que el fenómeno de la corrupción no se puede acabar en un sistema capitalista, “el combate a la corrupción” que tanto pregona López Obrador sólo queda en discurso, pues no ha castigado a todos aquellos que en su gobierno han incurrido en corrupción, ya no hablemos en contra de su hermano Pío al que se le vio recibiendo dinero para campañas, que no justificó en ninguna parte, o de su prima Felipa Obrador que tenía contratos con Pemex, o de Manuel Bartlett, quien ocultó 23 residencias y 13 empresas, o de Eréndira Sandoval, a quien le descubrieron seis propiedades que “le habían regalado”… ¿y qué pasa con todas las acusaciones a la gente de los círculos más cercanos al presidente que están inmersos en una inmensa red de corrupción y tráfico de influencias; que se han valido del nepotismo y el poder solamente para enriquecerse de manera ilegal con el dinero de los mexicanos? ¿Y la corrupción de su propio hijo José Ramón López Beltrán y su casa gris? En ninguno de esos casos, y faltan muchos más, López Obrador ha ejercido acciones para acabar con la corrupción, fenómeno que está intacto, como asegura Transparencia Internacional.
El lastre de la corrupción no se acabará por decreto del presidente López Obrador La corrupción es una enfermedad social inherente al sistema capitalista, el cual tiene su razón de ser en el afán de enriquecimiento personal a como dé lugar, ya sea que se consiga por vías lícitas o cometiendo delitos en las oficinas públicas que manejan grandes cantidades de dinero, como sucedió en Segalmex.
Desgraciadamente, en México el cáncer de la corrupción ha saqueado inmensos recursos públicos. Cierto, eso lo hicieron los políticos del pasado, pero ¡también lo están haciendo los de la 4T! Para muestra dos botones: Segalmex y las actuales campañas de promoción de las “corcholatas”. Usted ya se preguntó de dónde sale tanto dinero para que anden paseando por todo el país a fin de ganar la encuesta de Morena, de la cual saldrá el candidato presidencial para contender en el 2024. No hay duda, todo ese dinero sale de los bolsillos de quien lee esto y también de los que no leen, porque ese dinero es de impuestos.
Para acabar con la corrupción, México necesita que sus ciudadanos más conscientes se organicen y luchen para quitar del poder a los políticos corruptos, aunque digan que no lo son, y poner a verdaderos representantes del pueblo, que defiendan sus intereses y construyan un país progresista para todos.
Necesitamos que al frente del país estén luchadores sociales probados y comprometidos con mejorar al país. En el Movimiento Antorchista Nacional estamos trabajando para lograr ese objetivo.
Para acabar con la corrupción no bastan las buenas intenciones, también se requiere gente comprometida con la lucha social y el país, que no digan una cosa y hagan otra.
