F. V. Figueroa
El primero de enero de 2020, el director del recientemente creado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, declaró que, con este organismo descentralizado de la Secretaría de Salud, se garantizarían servicios gratuitos de seguridad social y de calidad para los millones de mexicanos que no gozaban de ellos.
La intención era, según la información del funcionario, ofrecer atención a la mayoría de los padecimientos, dotar de medicamentos gratuitos a todo el que los requiriera, incluyendo aquellos de elevado costo como los que se requieren para el tratamiento del cáncer y el VIH.
El argumento principal para la desaparición del antiguo Seguro Popular, creado en los tiempos de la presidencia de Vicente Fox y que luego fue sustituido por el Insabi, fue, como en otros casos similares, la afirmación de que había corrupción; en palabras del señor presidente: “ni es seguro ni es popular”. Seguramente si, como debe suceder, por lógica elemental, con toda institución gubernamental y privada en países en donde el régimen económico que prevalece es el capitalismo, como es el caso de nuestro país.
De ninguna pretendo justificar que debamos acostumbrarnos a una práctica odiosa como la corrupción, modalidad que desangra a los más desprotegidos de la sociedad, a los que menos tienen, que es a todo nuestro pueblo trabajador.
De acuerdo con la información de la presidencia de la república: “para garantizar y mejorar la atención en los servicios públicos de salud, el INSABI reclutará a nuevos médicos y enfermeras con sensibilidad social, con alto sentido de la ética profesional y que estén dispuestos a trabajar en las regiones de mayor marginalidad del país, por lo cual rencibirán estímulo adicional”.
Además, en el portal del gobierno federal se señala que “habrá justicia laboral pues se basificará a quienes por años han trabajado en el sector salud de manera eventual”
Los que dieron las voces de alerta a tiempo sobre el fracaso del nuevo proyecto de salud del gobierno morenista, señalaron acertadamente que se pretendía un sistema de salud universal sin contar con las herramientas adecuadas para implementarlo y, lo que es peor; no se tenía ni idea de lo que estaban proponiendo; es decir, no contaban con un plan adecuado específicamente para ese proyecto y tampoco se tenía el presupuesto.
Primero, quienes pagaron los platos rotos por una decisión irresponsable fueron los miles de enfermos atendidos por la anterior institución que, de la noche a la mañana, se quedaron sin historial clínico, sin antecedentes y, por lo tanto, sin el medicamento necesario adecuado, lo cual provocó la agudización de sus padecimientos y en muchos casos la muerte. Se calcula que 15 millones de personas en pobreza extrema, se quedaron sin acceso a la salud.
Ahora, después del estrepitoso fracaso del Insabi y que la población está sin seguridad social, tenemos que el personal de salud es el que está pagando lo que se hubiera evitado.
Tenemos un nuevo sector: los trabajadores de la salud, quienes, ante la incertidumbre de su futuro y ante las promesas incumplidas, exigen mejores condiciones laborales, entre las cuales se encuentra su puesto base; algunos de ellos, según han expresado a los medios de comunicación, llevan más de diez años con el mismo sueldo y continúan actualmente sin la seguridad de tener nuevamente empleo en cuanto termine su contrato eventual.
Seguramente, como es costumbre en este gobierno, se volverá a responsabilizar de éstas manifestaciones a los neoliberales –claro, desde la óptica de López Obrador y la 4T–,como a los del Frente Amplio, a Xóchitl Gálvez y a todo el que el señor presidente considera su enemigo político. Lo cierto es que el gobierno nunca reconocerá que este problema fue creado por él, pues es la consecuencia de su intento por eliminar todo lo que sea de los gobiernos anteriores, aunque funcionen, y de realizar una concentración de recursos económicos que sólo hasta ahora vemos en que se están ocupando: en una exorbitante propaganda de sus “corcholatas”, la cual es pagada supuestamente por la “Sociedad Civil”, pero que en realidad sale del dinero público.
El derecho del personal de salud es justo; el reclamo que hacen al gobierno no es ninguna necedad producto de la irracionalidad o la intolerancia. El gobierno no ha cumplido con la justicia laboral prometida materializada en la basificación del personal que labora en la eventualidad. Ahora, con el nuevo proyecto de la administración federal para tratar de remediar el desastre, habrá menos recursos económicos que perjudicarán aún más a la salud de los mexicanos y a los derechos laborales del personal que labora en el cuidado de nuestra salud.
El personal de salud que hoy tiene el valor para denunciar la nueva situación en sus centros de trabajo, que afecta la calidad del cuidado a la salud de los mexicanos y exige sus derechos laborales, debe tener toda la solidaridad y apoyo de la población, el gobierno debe reconocer los derechos de este sector del pueblo trabajador, no porque el gobierno mismo lo haya prometido, sino porque se lo han ganado con su trabajo, es decir, no están pidiendo limosnas a la 4T, están exigiendo lo que les corresponde por derecho.
