Prisco Árciga A.
Luego de que Senadores de la República cuestionaran al secretario de Educación Pública del país, Emilio ChuayffetChemor, éste se manifestó en contra de aplicar IVA en el cobro de colegiaturas, pues “no soy partidario de que se grave la educación sino de que se fomente”, aseguró; y precisó que la calificación debe ser un aliado para los docentes porque “no evaluamos para correr, evaluamos para preparar, ya que echar a los maestros fuera del servicio, además de imposible sería notoriamente injusto”.
Esta afirmación la hizo durante su comparecencia ante las comisiones de Educación, Cultura y de Juventud y Deporte, del Senado de la República, en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno y en respuesta a la serie de preguntas y señalamientos que le hicieran los senadores.
Aseguró que la evaluación es el primer andamio de la reforma educativa y tiene por objeto capacitar profesionalmente al maestro, por ello, la educación debe convertirse en su aliado superior.
Además, comentó que se apoyará a los gobiernos estatales para que celebren acuerdos con todo el magisterio federal, a efecto de reparar las clases con sesiones los días sábados, con más horas en el aula y con las vacaciones; pero también será necesario corregir los errores de la autoridad y de la poca participación social que ha dejado a la educación al margen de la prioridad en la agenda política, por lo que invitó impulsar una “gran deliberación sobre el modelo educativo”.
De manera especial, ChuayffetChemor anunció que el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) sustituye al de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, que perjudicó a 23 estados y sólo benefició a ocho, y se espera que el sistema de nómina centralizada impedirá la doble contratación, además de que es fundamental que la SEP sea la que negocie las condiciones generales de trabajo, a fin de que los estados se liberen del pago de prestaciones adicionales que significan un gasto que los afecta.
Sobre las escuelas dañadas por las recientes lluvias, informó que hasta el momento éstas suman 4 mil 100, de las cuales 126 se encuentran gravemente afectadas, mientras que 428 han suspendido clases por las precipitaciones y de ellas 424 se ubican en Guerrero; sin embargo, precisó que existen 500 millones de pesos, más 300 del Fonden, para remediar este problema.
Por cuanto a los cuestionamientos y señalamientos que recibió, por parte de los senadores Gerardo Flores Ramírez, del PVEM; Martha Palafox Gutiérrez, del PT; Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano; Javier Corral Jurado, del PAN; y Raúl Morón Orozco, del PRD, destacan que La Ley del Servicio Profesional Docente era un mal modelo; los cambios de última hora -procesados en un pequeño círculo de actores políticos- sólo empeoró el modelo planteado.
También se dijo que México tiene problemas severos en la calidad educativa y éstos son sólo parte de una gran “catástrofe nacional”; por años los indicadores nacionales e internacionales han mostrado que el desempeño educativo del país ha sido insuficiente y alejado de lo que se requiere para impulsar de manera decisiva el desarrollo de nuestra sociedad; y laley es inoperante, aunque ya fue aprobada y la vayan a promulgar, no están dadas las condiciones, por lo que se tiene que valorar con mucha sensatez.
Pero también tuvo sus aliados, como el presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks,quien aseguró que se tiene que hacer una revisión urgente del modelo educativo; la transformación de la educación normal; la infraestructura; el financiamiento; la incorporación de la ecuación superior a la reforma constitucional; el régimen de competencias entre municipio, estado y federación.
“Hay varios retos en el corto plazo, tenemos que aplicar las normas aprobadas y hacer un amplio sentido de consulta y autocrítica, porque siempre serán perfectibles”, argumentó; y especificó que el esquema de coordinación fiscal propuesto no es el adecuado, porque atenta contra la descentralización y contra el tema fundamental de quién es el patrón, “ya que hay una irresponsabilidad del Gobierno Federal cuando se entregan recursos a sabiendas de que no se están ejerciendo de manera directa”.
