Toluca, México.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas dio a conocer un paquete de iniciativas de reforma encaminadas a continuar mejorando el clima de negocios en la entidad, que incluyen la tipificación del delito de “obstrucción a la inversión” para servidores públicos que incurran en actos indebidos en este sentido; la creación de la Comisión Estatal de Factibilidad para emitir un único dictamen, así como la generación del protocolo electrónico para liberación de hipotecas, entre otros.
“Estas acciones tienen como objetivo seguir logrando que el Estado de México sea un estado de vanguardia y sea un estado atractivo para invertir, un estado en el cual puedan las empresas venir y apostarle al Estado de México. Como pueden ver, le estamos poniendo dientes a esta iniciativa, a esta legislación, no nada más son una serie de acciones de buena voluntad, sino que también pretende sancionar aquellos que abusen de su poder, de su facultad o de su competencia legal”, afirmó.
En el Salón del Pueblo de Palacio de Gobierno, Eruviel Ávila firmó las iniciativas que envió a la Cámara de Diputados local, en la cual confió que enriquecerá y aprobará las mismas, que implican reformar nueve órdenes legales de la entidad, cinco leyes y cuatro códigos, y destacó algunas de las acciones que se proponen:
- La creación del “dictamen único de factibilidad”, con lo cual ahora solo se realizará un trámite en lugar de los 6 que se contemplaban anteriormente (ambiental, impacto vial, protección civil, automotriz, sanitaria e impacto regional), evitando que los empresarios asistan a cada una de las dependencias encargadas de realizarlos.
- El surgimiento de la Comisión Estatal de Factibilidad que estará a cargo de la Consejería Jurídica, organismo conformado por seis consejeros de dependencias como Medio Ambiente, Infraestructura, Protección Civil, que trabajarían en equipo para emitir el dictamen único de factibilidad.
- Creación del Instituto Estatal de Verificadores que congregaría a todos los supervisores e inspectores que en la actualidad existen.
- Se contará con peritos arquitectos o ingenieros que estén certificados por la Secretaría de Infraestructura y avalados por los Colegios de Ingenieros y Arquitectos de la entidad, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Universidad del Estado de México, para que la empresa pueda hacer el peritaje certificado de inicio de obra, supervisión, aviso de terminación de obra, entre otros, y así no depender del verificador municipal o estatal.
- Cada dos años los Planes de Desarrollo Urbano Municipal serán actualizados, para que los usos de suelo tengan un desarrollo urbano ordenado y planificado, y los cuales deberán subirse a la plataforma del Sistema de Información Georeferenciada.
- La creación del Sistema Estatal de Mediación y Conciliación para Fomentar la Inversión, que será el mediador entre autoridades municipales y estatales con los empresarios, cuando se considere que existe retraso en el trámite. En caso de no llegar a un acuerdo el inversionista podrá acudir a instancias administrativas, civiles y penales.
- Tipificar el delito “obstrucción a la inversión”, para castigar a los servidores públicos que retrasen con toda intención algún trámite para autorizar la llegada de inversiones. Las sanciones serán de tres a seis años de prisión, una multa y destitución e inhabilitación.
- Como parte del programa de simplificación administrativa, se promueve la modificación a la Ley del Notariado, para crear el protocolo electrónico para liberación de hipotecas de instituciones públicas, evitando que los notarios o gestores tengan que hacer el trámite de manera personal en el Instituto de la Función Registral, sino que lo puedan realizar en línea.
Acompañado por el secretario general de gobierno, José Manzur Quiroga; la consejera jurídica, Luz María Zarza Delgado, y el secretario de Desarrollo Económico, Félix Adrián Fuentes Villalobos, el mandatario estatal señaló que estas iniciativas son producto de las recomendaciones de los consultores del estudio Doing Business del Banco Mundial, así como de instituciones nacionales e internacionales como la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Asimismo, informó que de aprobarse estas iniciativas, será necesario revisar y ajustar algunos reglamentos estatales, además de que se realizarán certificaciones, nuevos formatos y capacitaciones, por lo que llevará algunos meses su implementación.
“Yo tengo fe que a finales de este año, a principios del otro, máximo, tengamos ya un nuevo sistema de apertura rápida de empresas, a través de todo este marco legal que hemos ido reformando, con el apoyo del Poder Legislativo, de los empresarios y del propio gobierno del estado”, expresó.
