- El comisionado del INAI destacó la importancia de conocer esa información porque con el dinero que se deja de recaudar, el Estado también deja de garantizar otros derechos fundamentales
- Participó en la presentación del informe Privilegios fiscales: beneficios inexplicables para unos cuantos, de Fundar
Coyoacán, Ciudad de México.- La Ley General de Transparencia otorga al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) la facultad para imponer medidas de apremio y sanciones cuando se niegue el acceso a información sobre cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales, advirtió el comisionado Joel Salas Suárez.
Al participar en la presentación del informe Privilegios fiscales: beneficios inexplicables para unos cuantos, a cargo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, señaló que en 20 resoluciones, el Instituto ordenó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) informar sobre la cancelación y condonación de créditos fiscales y éste sólo cumplió parcialmente una.
Salas Suárez explicó que estos casos fueron resueltos con anterioridad a la entrada vigor del nuevo marco normativo y que la Ley Federal de Transparencia sólo facultaba al Instituto a dar vista al Órgano Interno de Control de la Función Pública, para que iniciara la investigación correspondiente; sin embargo, el 50 por ciento de los casos fueron desechados.
“La nueva Ley si prevé la posibilidad de que el INAI emita medidas de apremio y/o sanciones, que pueden llegar a la destitución del servidor”, enfatizó.
Joel Salas destacó la importancia de conocer información sobre la cancelación y condonación de créditos fiscales porque con el dinero que se deja de recaudar, el Estado también deja de garantizar otros derechos fundamentales.
Al respecto, refirió que el estudio de Fundar reporta a la fecha un total de cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales por un monto de 16 mil 893 millones de pesos.
El comisionado del INAI expuso que ese monto equivale al 68 por ciento del presupuesto del programa Escuelas al CIEN para 2015-2016, que fue de 24 mil 907 millones y con el cual se garantizaría el derecho a la educación de calidad, o al 34 por ciento del presupuesto destinado a la compra consolidada de medicamentos en 2017, que fue de 50 mil millones y con el cual se garantizaría el derecho a la salud.
Subrayó que conocer este tipo de información permitirá evaluar la política de recaudación fiscal del país y debatir si es la más adecuada o la más necesaria, por lo que el Informe de Fundar es el punto de partida para iniciar el debate.
“El derecho de acceso a la información lo tenemos que ver como un derecho de derechos, que permite no sólo garantizar otros derechos sino que las autoridades rindan cuentas sobre por qué a estas empresas se les condonaron o cancelaron créditos fiscales”, sostuvo.
En la mesa participaron también, Haydeé Perez Garrido, Javier Garduño e Iván Benumea, de Fundar; así como Ricardo Fuentes Nieva, de Oxfam México; Edna Jaime, de México Evalúa; Ricardo Rapahel, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Gabriela Ríos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Lizandro Núñez, del SAT.
