Toluca, México.- La 60 Legislatura del Estado de México exhortó por unanimidad a Maribel Cervantes Guerrero, secretaria de Seguridad del gobierno de la entidad, a que informe a la brevedad al Poder Legislativo sobre las acciones emprendidas para garantizar la paz y la seguridad de los mexiquenses, con el objetivo de colocar el costo económico de la violencia como un asunto “de vital y suma importancia para los ciudadanos”.
La propuesta de la diputada María de Jesús Galicia Ramos, a nombre del Grupo Parlamentario de morena, busca hacer conciencia sobre la dimensión de la inseguridad y exigir a las autoridades que fijen una posición y garanticen la paz y la integridad de la ciudadanía con mejores alternativas y estrategias.
Al recordar que la entidad se encuentra solo por debajo de Ciudad de México y Guanajuato entre los estados con mayor percepción de inseguridad, la legisladora puntualizó que el impacto de la violencia, además de social, es económico, ya que provoca pérdidas importantes por daños a la propiedad, lesiones físicas y psicológicas, cambios en los modelos de inversión, consumo y desvío de recursos a medidas de protección.
En sesión ordinaria, presidida por el diputado Nazario Gutiérrez Martínez (morena), la legisladora explicó que en 2018 el gasto por violencia per cápita en el Estado de México fue de 29 mil 761 pesos y su impacto en la economía fue de 636 millones de pesos, por lo que la entidad se encuentra en el lugar 15 de los estados menos pacíficos, lo que incrementa los costos por este fenómeno.
“Vivimos en contextos violentos. La inversión, para protegerse de la inseguridad, en muchos de los casos sobrepasa sus ingresos. El problema es claro: el gobierno del Estado de México no garantiza lo principal, que es la seguridad y la paz, por lo que las y los mexiquenses tienen que gastar lo poco que ganan en implementar medidas que salvaguarden su integridad, su vida y la de sus familias”, criticó desde tribuna.
Ante lo señalado, la diputada expresó que le gustaría saber qué hace el gobierno estatal para que la población que ha sido afectada por la violencia retome sus actividades diarias y que el ingreso que percibe por concepto de su trabajo sea suficiente para satisfacer sus necesidades básicas.
