Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) deberá dar a conocer los nombres, fecha de captura o fallecimiento, la organización criminal o cártel al que pertenecían y el alias de los objetivos prioritarios que han sido capturados o abatidos en la presente administración federal, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que la PGR denomina como objetivos prioritarios a las personas clave en organizaciones delictivas, los jefes de sicarios y los operadores financieros. La captura de estos líderes forma parte de las prioridades del gobierno para salvaguardar la seguridad y paz dentro del país.
“El poder ejecutivo federal, al comienzo de esta administración, informó que contaba con una lista de 122 objetivos prioritarios de los cárteles de la droga en el país. En 2017, de acuerdo con un informe de la PGR, 106 habían sido neutralizados”, apuntó.
Salas Suárez dijo que a pesar de que el gobierno ha logrado avances respecto a los objetivos prioritarios, la neutralización de estos puede contribuir al aumento de la violencia en general. Al señalar que expertos en temas de seguridad han señalado que el abatimiento o la captura de los blancos prioritarios fragmenta las organizaciones delictivas, lo que provoca disputas por el control de la misma y de las rutas de distribución de la droga.
Asimismo, de acuerdo con el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), neutralizar líderes de la delincuencia organizada provoca un aumento de la violencia entre el 0.5 por ciento y el 3 por ciento en el corto plazo.
“En años recientes, la violencia a causa del crimen organizado ha incrementado. Según cifras de Lantia Consultores, en 2015 se contabilizaron 8 mil 122 ejecuciones atribuidas al crimen organizado. Al año siguiente, la cifra aumentó a 12 mil 224”, precisó.
En este marco, el comisionado indicó que, ante la violencia, diversas voces han llamado a modificar la estrategia para hacer frente al crimen organizado. Expertos han sugerido que el Estado mexicano podría priorizar el combate a las organizaciones más violentas neutralizando bloques enteros, en lugar de concentrarse en los líderes. Además, añadió que Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos, ha declarado que para combatir al narcotráfico se debe impulsar el desarrollo de las comunidades, dar oportunidades a los jóvenes y atacar las finanzas de los cárteles.
“La información pública permite que los ciudadanos conozcan y evalúen las capacidades, tácticas y resultados de las instituciones encargadas de capturar a los miembros del crimen organizado. Asimismo, las autoridades pueden utilizar esta información para mejorar sus estrategias actuales y hacer frente al aumento en la violencia que suele acompañar al abatimiento de objetivos prioritarios. En el combate a la delincuencia organizada, la transparencia promueve el debate público y contribuye a incrementar la calidad de las políticas para construir un México más seguro”, concluyó el comisionado Salas.
Después de una prórroga, al dar respuesta a la solicitante, la PGR indicó que consultó a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a la Policía Federal Ministerial (PFM), al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), así como a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En este sentido, comunicó que la SEIDO manifestó que localizó únicamente el registro de 4 personas consideradas objetivos prioritarios que cuentan con sentencia condenatoria irrevocable en materia de delincuencia organizada; por lo cual proporcionó una relación, con el nombre, el alias, la organización criminal, y la fecha de detención. Además, indicó contar con el número de averiguación previa, número de causa penal, así como el Juzgado que emitió la sentencia condenatoria respectiva.
Respecto a las demás personas consideradas como objetivos prioritarios, indicó que se encuentra imposibilitada jurídicamente para emitir pronunciamiento alguno, ya que se trata de datos relacionados con una averiguación previa en trámite, en reserva o que no se ejerció la acción penal, o bien, ejercida la acción penal el proceso se encuentre pendiente de resolver y no se haya emitido una sentencia irrevocable en materia de delincuencia organizada, o en su caso, cuando se haya resuelto y emitido una sentencia revocable, o bien, resuelto se cuente con una sentencia absolutoria irrevocable, y en este sentido clasificó la información.
Inconforme, la particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, en el cual manifestó que se le proporcionó información incompleta, toda vez que en diversos boletines oficiales se ha comunicado de la detención y abatimiento de los objetivos prioritarios. Además, argumentó que, en respuesta a solicitudes de información diversas, el sujeto obligado ha contestado con un listado amplio de dichos objetivos.
En alegatos, la PGR reiteró su respuesta original.
En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Salas señaló que, si bien, la PGR consultó a las unidades administrativas referidas, se limitó a proporcionar la respuesta emitida por la SEIDO.
Lo anterior, se expuso, ya que, con base en las solicitudes de acceso a información referidas por la particular, con folios 0001700140816 y 0001700034217, la PGR entregó información como la ahora solicitada a través del CENAPI, por lo que en este caso la respuesta del sujeto obligado no fue exhaustiva, ni en términos de la Ley de la materia.
En cuanto a la respuesta proporcionada por la SEIDO, se agregó, ésta fue incompleta en virtud del criterio de atención a la solicitud de acceso, ya que, respecto de los 118 objetivos prioritarios restantes, no entregó información dado que se pronunció respecto a la imposibilidad jurídica para emitir pronunciamiento alguno.
La ponencia indicó que las autoridades han difundido información, en la que se advierte que, al inicio de la presente administración gubernamental, se estableció una lista de 122 objetivos prioritarios para el gobierno y que, hasta el mes de enero de 2015, 88 de ellos, es decir el 72 por ciento, han sido neutralizados gracias a labores de inteligencia.
Como algunos ejemplos de lo anterior, se señalaron las detenciones realizadas en 2014 de Joaquín Guzmán Loera, Héctor Beltrán Leyva y Vicente Carrillo Fuentes.
Por lo anterior, a propuesta del comisionado Joel Salas Suárez, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la PGR y le instruyó a realizar una nueva búsqueda de la información, con un criterio exhaustivo, en todas sus unidades administrativas competentes, sin omitir al CENAPI y a la SEIDO, y entregar la información, en los términos referidos.
