Por: Lirio García Córdova
El país en el que vivimos todos los mexicanos se rige por el sistema económico capitalista. Esto es: cualquiera que pueda y quiera, tiene derecho a hacer negocio produciendo algún bien o servicio que la sociedad esté dispuesta a comprar, siempre que siga las reglas que establece el libre mercado; este permite que los empresarios naveguen en el mar de la competencia, en la que devorarán o serán devorados según su eficiencia, capacidad productiva y calidad de la mercancía.
En teoría, todos tenemos la posibilidad de ser empresarios. La economía afirma que hay empresarios de todos los tamaños: pequeños, medianos y grandes. Cualquier persona con iniciativa, un poco de recursos y un mucho de suerte, puede aspirar a ser un gran y exitoso capitalista… en teoría.
Hay muchas formas de empezar un negocio. Por ejemplo, si un individuo o grupo de individuos -cuyo recurso económico es poco, pero su voluntad es mucha- decide juntar dinero lícitamente para poner un negocio, del tamaño que sea, y ese negocio está legalmente constituido y cumple con sus obligaciones fiscales, está en su derecho. De la misma manera está en su derecho un grupo de grandes empresarios a juntar sus capitales para producir un bien o brindar un servicio. A estas grandes corporaciones se les conoce como un trust, cártel o holding.
A nombre de quién decidan poner el negocio, es decisión libre del individuo o grupo en cuestión; lo que decidan hacer con las ganancias, también: la pueden re-invertir, ahorrar o gastar. No hay -hasta el momento- ninguna ley que prohíba u obligue a ninguno de ellos a limitar el uso de su recurso. Si con las ganancias deciden viajar por el mundo a placer, comprar mansiones en otro país, gastar en ropa o alhajas ostensiblemente caras, autos de lujo y hacer con ellos una colección, es su problema porque es su dinero. Nada de eso está prohibido, como tampoco debería estar prohibido para otros financiar estudiantes de bajos recursos para que vayan a estudiar al extranjero, pagar grandes eventos nacionales para fomentar la práctica de la cultura y el deporte, o desplegados en medios de comunicación y espectaculares con denuncias públicas, para exhibir las políticas equivocadas de tal o cual partido político, pues también es su dinero. En teoría esto no está prohibido… en teoría.
Sin embargo, en este país, la práctica está visiblemente lejos de la teoría. Tener un negocio y ganancias estará permitido siempre que no se usen para financiar ninguna crítica al gobierno, o se emprenderá una campaña de persecución y linchamiento político en contra de sus dueños, se procederá al congelamiento de las cuentas de dichos negocios, violando todo derecho, y se exhibirá a sus propietarios como delincuentes, aunque su actividad financiera se desarrolle en el marco de la ley. El poder, cuando está en manos equivocadas, lejos de usarse para corregir los graves problemas por los que atraviesa el país como la marginación social, la pandemia, el desempleo y el nulo crecimiento económico, se usa como garrote para golpear a los opositores políticos.
Ejemplo de ello es la actual persecución que se ha emprendido en contra del Movimiento Antorchista Nacional por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Los negocios que a lo largo de 46 años han creado los antorchistas han sido financiados lícitamente con cooperaciones y actividades económicas de sus agremiados que van desde las colectas públicas hasta venta de boletos, artesanías, comida, etc. Eso lo sabe toda persona que haya conocido de cerca a la organización. Y el problema en realidad no son los negocios en sí, sino para qué han sido usadas las ganancias que han derivado de ellos. Porque si los antorchistas usásemos esas ganancias para viajar a placer, comprar mansiones en otros países o coleccionar autos de lujo, nadie nos acusaría de delincuentes, como no acusan a grandes empresarios que forman trusts, cárteles o holdings. Ellos no reciben acusaciones en los medios de comunicación, reciben contratos para dar clases a distancia o para administrar recurso público para “hacerlo llegar a la población” por una módica comisión.
Ah, pero cuidado con usar esas ganancias para darle voz a los más desprotegidos publicando sus demandas en medios nacionales, con exhibir las equivocadas políticas de gobierno, con promover la cultura y el deporte entre la población o lo que es peor, financiar a jóvenes humildes para que reciban educación de calidad, porque entonces automáticamente tus ganancias serán consideradas de procedencia ilícita, tus negocios ilegales y tus cuentas bancarias serán congeladas.
Al Movimiento Antorchista, que ha sentado con su actividad económica un precedente histórico de financiamiento para los movimientos sociales del mundo, hoy se les persigue como delincuentes porque el pueblo “no tiene derecho a hacer negocio”. Porque se puede hacer negocio para crear fortuna personal, pero no para generar bienestar social, y menos si es a cambio de evidenciar el pésimo desempeño del gobierno que engañó a 30 millones de mexicanos con el lema “primero los pobres”. Los antorchistas están bajo el fuego, pero siempre supieron que su tarea se libraba en el campo de batalla, porque como reza el nombre de famosa novela literaria: así se templó el acero. Sea.
