Toluca, México.- Con el fin de que se realicen las acciones pertinentes para regularizar la tenencia de la tierra y asentamientos humanos que se encuentren en propiedades ejidales o comunitarias, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, propuso, en nombre del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, un exhorto para que el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) celebre convenios de colaboración con la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
El exhorto, remitido a las comisiones de Desarrollo Agropecuario y Forestal y de Protección Ambiental y Cambio Climático, explica que el convenio con la Procuraduría Agraria tendría la finalidad de dar a conocer, brindar asesoría y, en su caso, iniciar la solicitud de trámite de los miembros de los núcleos agrarios interesados en regularizar la tenencia de la tierra, a través del Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios.
El convenio del Imevis con el Registro Agrario Nacional, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tendría el objeto de que se implementen las acciones necesarias, en coadyuvancia con la Procuraduría Agraria, para atender las solicitudes realizadas por los diversos sujetos agrarios.
El tercer convenio, éste con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, sería para que se realicen las acciones pertinentes para regularizar los asentamientos humanos que se encuentren en propiedades ejidales o comunitarias.
La legisladora del Verde Ecologista señaló que los problemas referentes a la falta de certificaciones o títulos que acrediten la posesión de la tierra continúan vigentes en los núcleos agrarios, los cuales no son una cuestión menor, dado que dicho documento es el apropiado para acreditar la tenencia, en pro de favorecer la seguridad jurídica de los ejidatarios y comuneros.
María Luisa Mendoza dijo que el suelo ejidal en México ha presentado a lo largo de su historia imprecisión desde su origen, ambigüedad desde su implementación, indefinición en su propiedad y confusión en su utilización. “En este siglo, y a partir de la segunda mitad del siglo XX, su original e histórico sentido agrario comunal se ha ido transformando en mercancía para uso urbano, que aporta ganancias tanto privadas como públicas”.
Dijo que los cambios legales en el aprovechamiento de las tierras ejidales o comunales han llevado a la falta de seguridad y de certeza jurídica sobre la tenencia y posesión legal de la tierra en México, al no cumplimiento de los planes de desarrollo y planes de ordenamiento ecológico del estado y municipios. Ante esto, dijo la diputada, surge la necesidad de desarrollar procedimientos que aceleren la atención de dichos grupos sociales en la regulación de su propiedad.
