COMUNICADO
- Aprueban Ley Mordaza en Chihuahua; faculta Congreso a municipios a sancionar medios que publiquen imágenes “extremadamente violentas”.
- Exigimos al Gobernador, César Duarte Jáquez, no promulgar el Decreto aprobado y por el contrario lo retorne por incosistente y entrometerse en la esfera federal.
El gremio periodístico organizado del país: Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; el Club Primera Plana, y la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, se suma con sus afiliadas Foro de Periodistas de Chihuahua, Colegio de Periodistas de Chihuahua y con la Red de Periodistas de Juárez, en el rechazo contundente ante las recientes modificaciones al Código Municipal del Estado de Chihuahua, que limita el trabajo periodístico mediante un tramposo esquema de censura. Se trata de otra “Ley Mordaza”, a la que son tan proclives algunos legisladores y funcionarios públicos.
Con esta reforma se faculta a la autoridad municipal a sancionar a los medios de comunicación impresos que publiquen “material extremadamente violento o cualquier otro que ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros o perturbe el orden público”.
La reforma aprobada establece sanciones que incluyen multas de hasta 50 veces el salario mínimo, que de no ser pagados contempla suspensión temporal o cancelación del permiso o licencia, clausura y/o demolición y arresto hasta por 36 horas.
Esta intentona, y así la calificamos porque nuestra lucha no cejará hasta que se abrogue tal reforma, fue producto de la iniciativa retrograda del diputado del Partido Movimiento Ciudadano, Fernando M. Reyes Ramírez; a ella se adhirieron los legisladores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos del Trabajo, de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza, América Victoria Aguilar Gil, Héctor Hugo Avitia Corral, Luis Javier Mendoza Valdez, Hortensia Aragón Castillo, María Ávila Serna y Gustavo Martínez Aguirre respectivamente.
Tramposamente en la exposición de motivos se intenta presentar como similares las imágenes pornográficas con el “material extremadamente violento”. En el primer caso, aunque está reglamentada la forma de su difusión y comercialización, es una serie de actos encaminados a la venta de un producto basado en fotografías ex profeso; la cobertura de la fuente policíaca y los hechos presentados son muestra de una realidad, aunque lacerante, consecuencia de la inseguridad que los municipios, el estado y la nación no han podido revertir.
Como se puede apreciar, con esta ley se pretende en forma aviesa, que no se conozcan en toda su crudeza la realidad de los hechos de sangre para en esa forma alentar la vergonzosa y vergonzante impunidad que nos agobia, misma que ha sido mencionada como la causante de la grave crisis que actualmente afronta el país.
Es de preguntarse, ante las inconsistencias de la mencionada ley de marras “Quién será el sujeto designado en cada municipio para calificar cuál es el material extremadamente violento para proceder a las aprobadas sanciones?
Además, esta norma es aprobada exacto cuando el Congreso de la Unión tiene en estudio parlamentario la supresión de las Policías Municipales y aprobar en consecuencia el Mando Único; es decir, el control con las policías estatales en todos los municipios del país ante la comprobada vulnerabilidad de esas corporaciones en los ayuntamientos.
La intervención del Gobierno Federal en los municipios que se compruebe que han sido cooptados por el crimen organizado, es otro de los supuestos que están en análisis.
De ahí surge la siguiente pregunta ¿Cómo se atreve el Congreso de Chihuahua a otorgarle tal poder a la autoridad municipal?
Otra aberración, es seguir calculando en base al salario mínimo cuando la decisión es desvincularlo de las multas y sanciones administrativas, como aplica en el Distrito Federal y está a punto de ser Ley Federal.
El Colegio de Periodistas de Chihuahua, por su parte, cuestionó ¿Quién, cómo y con qué criterio exacto y claro evaluará la información que la autoridad municipal restrinja o sancione?
La misma exposición de motivos, escondido pero plantea el fin de la modificación al Código Municipal: “La intención de la presente es precisamente la inclusión de disposiciones jurídicas que le permitan al Estado establecer límites necesarios en cuanto a la exhibición de contenidos inconvenientes y que configuran una mala influencia para los espectadores”.
En efecto, como lo plantea y señala el Foro de Periodistas: ¿Cuáles serían los criterios?
Y con mas puntualidad concluye:
“… éste tipo de publicaciones son una realidad en nuestra entidad… posiblemente en nada positivo contribuyen, sino únicamente a un interés nocivo por las personas y una atracción hacia acontecimientos desagradables. En ciertos casos no sólo muestran la realidad, sino que pueden llegar a amplificarla y multiplicarla, convirtiendo la noticia en un espectáculo y generando informaciones que terminan incluso -aunque no sea su intención directa-, exaltando la violencia y estimulando conductas agresivas”.
“De ahí que surjan diversas interrogantes como: ¿Es necesario mostrar éstas imágenes? ¿Aportan algo o son de interés público? ¿Es el morbo la única motivación? ¿Puede su emisión ayudar a generar algún beneficio colectivo?”.
El gremio periodístico organizado del país: Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; y el Club Primera Plana, rechazan contundentemente este intento que busca limitar la Libertad de Expresión, el Derecho a la Libertad de Expresión y la Libertad de Imprenta.
Nuestro llamado al gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, para que ocupe su derecho de veto y congruente con su protesta de ley cuando asumió la más alta magistratura de su entidad, de respetar las libertades de prensa y expresión, deseche dicha “Ley Mordaza” y por ningún motivo se atreva a promulgarla.
La publicación del Decreto que nos ocupa en el Diario Oficial estatal, sería una aberración legal porque, además, involucra temas de la esfera federal.
