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Replantea crisis económica europea papel del Poder Judicial

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  • José María Goerlich, catedrático de la Universidad de Valencia, dictó la conferencia La crisis del estado de bienestar y los derechos sociales”

Toluca, México.- La crisis económica que afecta a la Unión Europea evidencia una ruptura en torno al nuevo papel del Poder Judicial, acompañada de una crisis del principio de legalidad, aseguró José María Goerlich, catedrático del Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, España, al dictar la conferencia magistral “Crisis del estado de bienestar y derechos sociales”.

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José María Goerlich subrayó que una crisis de la ley también genera una crisis del principio democrático, lo que ha modificado la concepción tradicional del Estado, como depositario del poder y que tenía una organización basada en la división de poderes.

En este sentido, explicó que 90 por ciento de las medidas anticrisis han sido decisiones de urgencia adoptadas por los gobiernos y no por los parlamentos, lo que también evidencia una ruptura de la relación entre Legislativo y Ejecutivo.

La Unión Europea -expresó el especialista- ha tenido dos defectos fundamentales: la prevalencia de lo económico sobre lo social, que conlleva a la falta de una ciudadanía europea; a ello se suma un aspecto institucional, que es que las decisiones tomadas al final no tienen la legitimidad democrática que existe en los diferentes estados que la integran.

En el marco del Segundo Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, José María Goerlich mencionó que la necesidades sociales han incrementado, y hacen cuestionarse la sostenibilidad del modelo social europeo y el modelo del estado de bienestar social.

Con base a las inquietudes políticas que se generan a partir de esta problemática, se ofrecen dos posibilidades: la primera, el mantenimiento de las políticas de corte social demócrata, y el segundo un cambio de paradigma hacia un modelo de carácter neoliberal.

Puso como ejemplo el caso de España, donde los legisladores autorizan a las empresas a firmar contratos laborales que durante el primer año no tienen protección contra el despido, medida avalada por un tribunal constitucional que consideró que no se vulnera ningún derecho ordinario.

En tanto hay jueces que consideran que esto es contrario a la Carta Magna, por lo que, el ordenamiento resulta poco previsible, porque este sistema genera incertidumbre e inseguridad jurídica.