- Defensores estatales emiten Declaración de Zacatecas para unir esfuerzos con la sociedad.
Toluca, México.- La salvaguarda de los derechos humanos y cumplimiento de los deberes son un compromiso de todos, por eso, los titulares de organismos públicos defensores de derechos humanos, de la mano de la sociedad, buscarán concientizar y lograr la transformación en la materia, con apego a la cultura de la legalidad; asimismo, llamaron a las autoridades para promover la igualdad entre el hombre y la mujer y se comprometieron a redoblar esfuerzos para frenar la violencia escolar o bullying.
En el marco del XL Congreso Nacional Ordinario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, se emitió la Declaración de Zacatecas, que aborda problemáticas que deben afrontarse hoy en día así como propuestas de solución, como la necesidad de fortalecer el respeto a los derechos humanos, abatir la violencia escolar, lograr que en las políticas públicas se trate a hombres y mujeres por igual, fomentar el respeto hacia los migrantes, capacitar a los servidores públicos para erradicar la tortura y difundir la cultura de la prevención para evitar actos discriminatorios.
En el documento signado por 31 presidentes, procuradores y defensores de derechos humanos del país, entre ellos el ombudsman mexiquense, Marco Antonio Morales Gómez, se ratificó el compromiso para construir una auténtica cultura de promoción y respeto de los derechos humanos, así como intensificar las acciones para erradicar anacronismos enraizados entre servidores públicos y grupos sociales, bajo la premisa de que los derechos humanos no son ornato de la modernidad sino garantía para el desarrollo con bienestar y paz sociales.
Asimismo, coincidieron que la violencia escolar es un problema oculto, cada vez más frecuente que afecta a miles de niñas, niños y jóvenes del país, que tiene consecuencias graves como el homicidio y suicidio, por eso, los ombudsman redoblarán esfuerzos en estrategias para evitarla e indicaron que se debe capacitar a maestros y maestras, autoridades educativas, estudiantes, así como padres y madres de familia, para emprender medidas que permitan garantizar un ambiente libre de temor e intimidación.
Indicaron que las mujeres siguen sufriendo diferentes formas de violencia y discriminación, ya que persiste el maltrato emocional, intimidación, violación, trata, entre otras vejaciones que lastiman no sólo a ellas, sino a la sociedad, por tanto, debe atenderse de forma prioritaria, a través de la promoción de la cultura de la legalidad para que todas las personas entiendan que existen derechos que se deben defender, y deberes que cumplir.
Los defensores estatales abundaron que ante los cambios en la estructura familiar, se debe reflexionar sobre los nuevos roles de hombres y mujeres para conseguir un mejor desarrollo personal, familiar, profesional, de salud física y emocional; por otra parte, puntualizaron el derecho a la salud de las mujeres e hicieron un llamado a las instituciones públicas para superar el descuido y exclusión, sobre todo hacia las que provienen de grupos indígenas o son de escasos recursos.
En cuanto a los migrantes, al enfatizar que no merecen ser tratados como delincuentes ni victimizados por la criminalidad organizada, se pronunciaron por sumar esfuerzos y actuar con diligencia en la investigación y procesamiento de autoridades que violen sus derechos humanos y de quienes cometen delitos en su contra, así como establecer medidas de prevención para protegerlos y garantizar su seguridad e integridad cuando transitan por el país.
Al advertir que todavía se enfrentan situaciones de tortura en el país, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, acordó capacitar a su personal en la aplicación del Protocolo de Estambul, para que estén calificados en la investigación, diagnóstico y detección de elementos que conllevan a ésta, a fin de establecer objetivos, acciones y medidas para la defensa de los derechos de las personas.
También hicieron un llamado a la sociedad en general para consolidar la cultura de prevención para evitar actos de discriminación, y convinieron en que los organismos defensores no pueden limitarse a sólo vigilar el desempeño de la autoridad, sino deben generar una conciencia pública de respeto a los derechos de las personas, siendo la educación el único camino para conseguirlo.
A tres años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en junio de 2011, expresaron que algunas entidades no han cumplido con las modificaciones constitucionales y legales que permitan fortalecer a los organismos públicos de derechos humanos, lo que va en detrimento de la garantía constitucional de la sociedad, para hacer efectivos sus derechos fundamentales.
