- La información pública es una vía para que el gobierno mexicano demuestre que dio seguimiento a cada caso de familias migrantes mexicanas separadas a causa de la política ´Tolerancia cero’: Salas Suárez, comisionado del INAI
- El Pleno le instruyó dar a conocer la entidad federativa de la que son originarios y el estado donde se encontraban en EU
Ciudad de México.- En respuesta a una solicitud de información, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que, a julio de 2018, contaba con un registro de 29 casos de niñas, niños y adolescentes mexicanos separados de sus familiares en los Estados Unidos, por la política ´Tolerancia cero´; sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le instruyó informar la entidad federativa de la que son originarios y el estado donde se encontraban en la Unión Americana.
“La información pública es una vía para que el gobierno mexicano demuestre que dio seguimiento a cada caso de familias migrantes mexicanas separadas a causa de la política ´Tolerancia cero´. Asimismo, sirve para demostrar que, mediante la diplomacia, el gobierno mexicano buscó disuadir a su homólogo estadounidense de implementar una política similar en el futuro”, afirmó el comisionado Joel Salas Suárez al presentar el caso ante el Pleno.
Expuso que, de abril pasado, cuando fue implementada la política por el gobierno de los Estados Unidos, a junio de este año, fueron separados de sus padres más de 2 mil 500 niños, la mayoría de Centroamérica, principalmente, provenientes de Honduras y El Salvador; sólo el 1 por ciento eran mexicanos.
“En este sentido, la información pública también servirá para demostrar coherencia respecto a la protección que el Estado mexicano da a los migrantes que residen o atraviesan por su territorio”, subrayó el comisionado.
El particular interesado en conocer la información presentó un recurso de revisión ante el INAI, porque la cancillería señaló el número de menores de edad que se encontraban en esa condición, pero clasificó el estado de la República mexicana de donde son originarios, referencias de los albergues donde se encontraban y el sexo, argumentando que dichos datos los harían identificables.
En el análisis el caso, a cargo de la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez, se determinó improcedente la clasificación de los datos, en razón de que el particular en ningún momento solicitó información personal como nombre de los niños, domicilio exacto o ubicación de los albergues; en su lugar, requirió los estados de origen en México y de permanencia en Estados Unidos, lo cual no hace identificables a los menores.
Además, se advirtió que la Secretaría de Gobernación hizo pública información sobre eventos diversos de repatriación de menores migrantes mexicanos desde Estados Unidos. Lo cual abona al argumento de que los menores no son identificables a partir de lo solicitado.
Finalmente, se concluyó que se trata de información pública, pues de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se relaciona con violaciones a los derechos humanos de niñas y niños, a consecuencia de las medidas “crueles e inhumanas” de la política de separación de familias migrantes del gobierno de los Estados Unidos.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la SRE y le instruyó informar al particular la entidad federativa de la que son originarios los 29 menores de edad mexicanos separados de sus familias por la política ´Tolerancia cero´ y el estado en el que se encontraban en los Estados Unidos.
