- El Programa de Apoyo al Desempleo operó con opacidad y anomalías: Morena
- Tiene Edomex 792 mil mexiquenses desempleados y persiste la brecha salarial entre hombres y mujeres: PAN.
- El Edomex se encuentra entre los 10 estados con las tasas más altas de desempleo: PES.
Toluca, México.- Legisladoras y legisladores recriminaron a la secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, que los empleos para las y los mexiquenses, y en particular para la juventud, son pocos y mal remunerados, y criticaron la operación del Programa de Apoyo al Desempleo, que no se active la ley correspondiente, el outsourcing, el trabajo infantil y el poco respaldo a trabajadores por despidos injustificados durante la pandemia generada por el covid-19.
Durante la comparecencia de la funcionaria por la glosa del tercer informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza, diputados de Morena, PAN, PT, PRD, PVEM, PES y sin partido coincidieron en que las cifras presentadas no corresponden a la realidad del Estado de México y que la pandemia agravó la situación de desempleo en la entidad, aunque antes ya había índices que mostraban la ausencia de políticas públicas orientadas a generar desarrollo económico, mientras que el PRI cuestionó si se ha brindado capacitación ante el próximo inicio del nuevo modelo de justicia laboral.
El diputado Tanech Sánchez Ángeles (Morena) subrayó que la pandemia aceleró la crisis económica, particularmente el desempleo, porque el gobierno no cuenta con políticas para tener programas estructurados de largo plazo, y enfatizó que de enero de 2018 a marzo de 2020 la entidad ha ido acumulando tasas de desempleo superiores a la media nacional (5% y 2.9%, respectivamente), lo cual demuestra un evidente fracaso en la política laboral.
También señaló opacidad y anomalías en el Programa de Apoyo para el Desempleo y recordó que el gobierno de Alfredo del Mazo no respondió el exhorto emitido por la Legislatura para conocer detalles al respecto, lo que le hace presumir que los 250 millones de pesos destinados a ese programa pueden ser usados para sostener la estructura de un partido político en el inicio del proceso electoral.
La legisladora María de Jesús Galicia Ramos (Morena) señaló que, de acuerdo con el sector privado local, la informalidad representa casi 80% de las unidades económicas, que el Inegi reporta 225 mil menores realizando algún tipo de actividad económica y que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres de 32%, aún con las mismas actividades y horarios.
Por lo anterior, preguntó cuáles son las estrategias para recuperar los empleos perdidos durante la pandemia y cuál es el rezago en los asuntos que llevan las juntas de Conciliación y Arbitraje, y advirtió que revisarán a detalle el Programa de Apoyo al Desempleo para transparentar cada peso de los mexiquenses.
En representación del PRI, la diputada Lilia Urbina Salazar resaltó que la Legislatura estatal fue la primera del país en aprobar la reforma para implementar el nuevo sistema de justicia laboral, que ahora dependerá del Poder Judicial, por lo que preguntó si el personal de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se encuentra capacitado para afrontar sus nuevas atribuciones.
Por otro lado, al señalar que de acuerdo con el Inegi hay 792 mil mexiquenses desempleados y permanece la brecha salarial entre hombres y mujeres, la diputada Crista Amanda Spohn Gotzel (PAN) cuestionó a la secretaria sobre la política pública para apoyar a los empresarios y cómo actualizar el modelo del ICATI para continuar fomentando la capacitación para el trabajo a distancia a través de los medios digitales.
En su intervención, el diputado Armando Bautista Gómez recordó que el grupo parlamentario del PT propuso prohibir el outsourcing por tratarse de un régimen de subcontratación que infringe el principio de progresividad en materia de derechos de los trabajadores, por lo que preguntó si existe esa modalidad laboral en la Secretaría del Trabajo, cómo se verifica que no se violen los derechos de trabajadores durante la pandemia y si el Programa de Apoyo al Desempleo brinda soluciones.
Del PRD, la diputada Araceli Casasola Salazar cuestionó las razones por las cuales la entidad se ubica entre los primeros estados con más desempleo, por qué, ante la contingencia laboral derivada por la pandemia el gobernador no aplicó la Ley de Desempleo y qué pasará con el personal de las juntas de Conciliación y Arbitraje cuando inicien funciones los centros de conciliación y los tribunales laborales estatales.
En su turno, la legisladora María de Lourdes Garay Casillas (PES) dijo que en julio de este año el Estado de México se ubicó entre las primeras diez entidades con mayor tasa de desempleo, al estimar medio millón de personas sin empleo formal e informal. Preguntó sobre el incremento de las demandas laborales por despidos injustificados y lamentó que el Programa de Apoyo al Desempleo solo beneficiara a 50 mil personas.
La legisladora María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) cuestionó cuántas de las defunciones por covid-19 en la entidad corresponden a trabajadoras y trabajadores que estaban por jubilarse y cuáles son las acciones para salvaguardar la salud de las y los empleados, si la Secretaría verificará las medidas de seguridad e higiene en los centros de trabajo y cómo evitarán abusos en las jornadas laborales durante la contingencia.
En su intervención, el legislador sin partido Carlos Loman Delgado preguntó sobre los resultados de los programas de esta Secretaría en el contexto de la pandemia de covid-19, cuántos casos relacionados con violencia o acoso laboral hacia las mujeres se han registrado en las juntas de Conciliación y Arbitraje y si los despidos injustificados han afectado el derecho a la vivienda de los trabajadores.
Al responder los cuestionamientos de las y los legisladores, la secretaria Martha Hilda González dijo que el Estado de México fue una de las seis entidades que empezaron a generar nuevos empleos —19 mil 600 entre julio y septiembre—, que por la pandemia cerraron 75% de los establecimientos, pero que ocho de cada diez ya abrieron de nuevo, que el Programa de Apoyo al Desempleo benefició a 50 mil personas del sector formal e informal, mientras que la Ley del Seguro de Desempleo no se activó porque no se dieron los supuestos para echarla a andar, además de señalar que se apoyó a 30 mil empresas con cerca de 211 millones de pesos que permitieron la conservación de 260 mil empleos.
