Laura Castillo García
El incendio provocado en la exclusiva discoteca Baby´O ubicada en la zona turística del puerto de Acapulco y el descubrimiento en Iguala de un automóvil con cuatro cadáveres -acontecimientos ocurridos en el estado de Guerrero en la semana que está terminando-, se suman a una serie de violentos acontecimientos que a últimas fechas se han registrado en el país: la bomba que en un empaque de regalo llegó a un restaurante de Salamanca, Guanajuato, con saldo de dos muertos, los cadáveres de seis personas que aparecieron colgados de un puente en la capital zacatecana, la emboscada a una patrulla policial cerca del municipio serrano de Valparaíso, en donde tres murieron a balazos.
La violencia creciente y la saña de los grupos criminales en los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, entre otros, retan la estrategia de seguridad del Gobierno ederal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Es más, la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército parece ajena al quehacer de los criminales, que han convertido partes del territorio nacional en verdaderos infiernos, como en Valparaíso y Jerez, en Zacatecas; Tepalcatepec, Aguililla y, en general, la zona de tierra caliente michoacana, o de la ciudad más poblada de Zacatecas, Fresnillo, donde el 96% de los habitantes piensan que la ciudad es insegura, el porcentaje más alto de todo el país.
Es más, aunque son miles de operaciones en las que drogadictos o pequeños vendedores independientes pasan a formar parte de las filas del crimen organizado, lo cual genera más y más violencia en el país, parece que eso no le importa al gobierno federal, quien sigue enfrascado en la estrategia presidencial de “abrazos, no balazos”, como aseguró la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, pero que no “salvaguarda la vida, libertades, integridad y patrimonio de las personas”, como la Carta Magna estipula como una de las obligaciones de las autoridades federales, gubernamentales y municipales.
La poca importancia que el gobierno federal concede a la violencia cotidiana que afecta a los mexicanos, quedó de manifiesta en la comparecencia de la SSPC ante el pleno del Senado con motivo de la glosa del Tercer Informe de gobierno del presidente López Obrador (21 de septiembre), cuando la funcionaria federal aseguró que la estrategia presidencial de “abrazos no balazos” no significa que el gobierno federal esté “cruzado de brazos” frente a la delincuencia organizada, la violencia y la inseguridad, incluso aseguró “se ha logrado bajar los índices de diversos delitos como el homicidio sin declarar la guerra a los grupos delictivos” (El Universal).
Pero la realidad contradice las declaraciones de la funcionaria federal: al finalizar el mes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en el mes de septiembre diariamente se registraron 83.8 homicidios dolosos, quedando abajo de los 84 delitos del mismo tipo que se registraron en junio 2021. Es más, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI dada a conocer el 19 de julio de 2021, arrojó que el 66.6 por ciento de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. Las ciudades con mayor proporción de población que siente inseguridad fueron Fresnillo (96.2%), Cancún (88.7%), Ecatepec de Morelos (87.7%), Coatzacoalcos (86.9%), Naucalpan de Juárez (86.7%) y Tonalá, Jalisco (86.1%). La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 71.3%, mientras que para los hombres fue de 60.9 por ciento.
Si así están las cosas en el terrreno de la inseguridad, ¿por qué el gobierno no se pone a trabajar para revertir la situación? Porque su estrategia de “abrazos no balazos” incluye la tolerancia hacia los grupos criminales, a quienes el gobierno le ha entregado a los mexicanos en charola de plata con el pretexto de que “no venimos a ganar la guerra, venimos a ganar la paz”,por lo que se avanza en la construcción de la misma atendiendo las causas estructurales y multidimensionales que generan los delitos y la inseguridad”. Aunque no digan que están haciendo al respecto, a menos de que se trate de lo que ya todos sabemos de hacer entregas de “apoyos directos” a la gente, como si eso fuera a acabar con la pobreza y, por tanto, con las “causas estructurales y multidimensionales que generan los delitos y la inseguridad”.
El gobierno de López Obrador no proteje de la inseguridad a los mexicanos, pero lo que sí hace, con el mismo celo que lo hizo en su tiempo la Santa Inquisición, es perseguir a miles de ciudadanos honrados, que toda su vida han trabajado honestamente, pero que no piensan igual que el presidente de la República y su autollamada 4T: “en lo que va de la administración, a confesión de Rosa Icela Rodríguez, la Unidad de Inteligencia Financieraha bloqueado 41 mil 100 cuentas vinculadas, según ellos, “a operaciones ilícitas”, pero que en realidad es el argumento justificatorio del gobierno para reprimir a sus adversarios políticos como sucedió con cuentas de los agricultores de Chihuahua, con varias cuentas de dirigentes de Antorcha Campesina (a los que no se les probó ningún delito, por lo que les liberaron sus cuentas) y, el caso más reciente, con los 31 científicos del Conacyt a quienes pretende encarcelar.
Las cifras de violencia e inseguridad: 35 mil homicidios dolosos al año y las 100 mil víctimas en lo que va del sexenio y los 30 millones de delitos al año con más de 22 millones de víctimas, prueban que la estrategia de “abrazos no balazos” del gobierno federal no solo es un absoluto fracaso, sino que está generando más violencia en el país, la cual pretende ocultar con la escandalosa y amarillista persecucióna de los adversarios políticos de la 4T, estrategia en la que gasta millones de pesos que mejor deberían invertir para el combate a la delincuencia organizada a fin de recuperar la paz en el país.
