Toluca, Méx.- Con el fin de romper mitos en torno a las organizaciones sociales, así como dar a conocer mecanismos y programas, tanto nacionales como internacionales, que están al alcance de éstas para fortalecer la labor que realizan por el bien de la sociedad mexiquense, la diputada Adriana Hinojosa Céspedes encabezó el taller “Mecanismos para el Fortalecimiento de las OCS´s en el Estado de México”.
Acompañada por la diputada Annel Flores Gutiérrez, la legisladora albiazul afirmó que no se puede dejar de reconocer que, en el México actual, se ha visto el avance de la sociedad civil que se ha organizado y ahora es protagonista en los temas centrales del país y de la entidad: derechos humanos, medio ambiente, educación, asistencia social, salud, seguridad pública, entre otros.
En el taller en el que participaron Ana María León Miravalles, secretaría de Vinculación con la Sociedad del CEN del PAN, así como Ángeles Anaya, Emilia Verástegui y Tomás Morales, Hinojosa Céspedes manifestó que actualmente la entidad no cuenta con una Ley Estatal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, ya que solamente diez estados de la República Mexicana cuentan con ésta.
Al hablar sobre la iniciativa que en la materia presentó el pasado 10 de marzo para el Estado de México, la también vice coordinadora del GPPAN, indicó que busca impulsar el actuar de la sociedad civil organizada, estableciendo canales institucionales de interlocución entre el Estado y las organizaciones; garantizar el acceso a apoyos y estímulos públicos transparentes, así como su participación en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.
Finalmente, Adriana Hinojosa señaló que el PAN ha promovido pasar forzosamente por la creación de un marco legal que permita a las organizaciones desarrollarse plenamente, contando con apoyos del gobierno para realizar su importante labor; además de que legislar en este tema es indispensable para avanzar en la institucionalización de una democracia de ciudadanía, brindando certidumbre jurídica a la relación entre la sociedad civil y el Estado.