En el Estado de México existen 2 mil 610 profesores comisionados o con licencia en el sistema educativo estatal.
Toluca, Estado de México, 07 de abril de 2014.- La diputada Annel Flores Gutiérrez, presentó punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado, para que el Secretario de Educación, explique ante el Pleno, los resultados arrojados por el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como las medidas a corto, mediano y largo plazo que implementará para hacer frente a ésta problemática.
A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la legisladora detalló que los resultados preliminares de éste primer censo, arrojan diversas “irregularidades” que van desde la existencia de planteles sin registro oficial, “presuntos aviadores” o personal que cobra sin trabajar, maestros sin el perfil adecuado y los que a su ingreso lo hicieron con documentos falsos o apócrifos.
En lo que al Estado de México se refiere, Flores Gutiérrez, afirmó que existen 2 mil 610 profesores comisionados o con licencia en el sistema educativo estatal, que desempeñan otras funciones a las que se les asignó oficialmente, es decir, son profesores que no están dando clases frente a un aula.
“Con esta cifra, la entidad se ubica a nivel nacional como el tercero con mayor número de personal académico comisionado, detrás de Jalisco y Yucatán, quienes poseen dos mil 784 y dos mil 721, respectivamente”, agregó.
La representante popular, detalló que el personal comisionado en el estado cobra sin desempeñar, las siguientes plazas: 186 de director; mil 037 de docente frente a grupo; 717 de docente de apoyo a la labor educativa; 76 de director en el servicio educativo; 301 como prefecto; 34 como conserje o intendente; 132 como supervisores y 70 como administrativos.
Finalmente, Flores Gutiérrez afirmó que cuando se registran estas distorsiones en el sistema educativo, quienes resultan afectados son las personas que viven en comunidades en situación de pobreza extrema, pueblos indígenas y personas con capacidades diferentes, por lo que la Legislatura está obligada a asumir su representación popular y solicitar la rendición de cuentas en la materia.
