- Por no aplicar el procedimiento especial en la detención de un adolescente
Toluca, México.- Ante la detención de una persona menor de edad, cuatro elementos de la policía municipal de San José del Rincón, tendrán que afrontar probables responsabilidades administrativas, al igual que el oficial calificador de la zona.
En la recomendación número cinco del año, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, al presidente municipal, se reitera que los niños y niñas deben ser sujetos a un procedimiento especial de detención, que garantice el pleno respeto de sus derechos. La Codhem verificó que en este caso donde estuvieron involucradas otras dos personas, no se dio cumplimiento a las normas vigentes en el sentido de informar al momento, en lenguaje claro, comprensible y adecuado, las razones de su detención; los derechos que le asisten y notificar de inmediato a sus padres.
Después de la investigación, la comisión concluyó que se violentaron los derechos a la legalidad y seguridad jurídica porque fue detenido, pero no se hizo la inmediata puesta a disposición ante la autoridad, sino que se le mantuvo en galeras.
Además, se confirmó que predominaron las inconsistencias, incongruencias y prácticas indebidas de las funciones en el servicio público. De acuerdo a la Codhem, la privación de la libertad por parte de la autoridades es la medida más severa que se puede imponer a una persona, por tanto, debe ser el último recurso empleado, dado que existen diversas técnicas de persuasión, y por las afectaciones emocionales y traumáticas que ocasiona en el niño y la niña dicho episodio, se reducirá hasta que la autoridad contacte al representante legal o tutor, pero en este caso, se le impusieron 15 horas de arresto.
En ese sentido, el organismo defensor recomendó impartir cursos de profesionalización y derechos humanos a los integrantes de la dirección de seguridad pública y protección civil del municipio, así como a personal de la oficialía calificadora; establecer un procedimiento especial para los adolescentes y hacer la notificación inmediata a sus padres.
Asimismo, la Codhem pidió que la oficina conciliadora cuente con un profesional en medicina general, para que certifique el estado psicofísico de las personas presentadas, además de establecer como medida de no repetición, llevar a cabo la capacitación en derechos humanos.
