- La familia es fundamental para orientar y proteger a la niñez y la juventud
Toluca, México.- La prevención de las adicciones debe ser atendida de manera urgente en materia de salud pública, afirmó el ombudsman mexiquense Marco Antonio Morales Gómez, quien subrayó que ante las manifestaciones de violencia que trae consigo el uso de estupefacientes, se debe fortalecer la educación, basada en valores y responsabilidad social.
Al considerar que el uso de drogas es una grave amenaza para la sociedad, al anular la libertad y la dignidad del ser humano, comprometer el futuro y terminar con la persona, las familias, comunidades y con las naciones, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se pronunció a favor de fortalecer acciones que eviten el consumo de enervantes y refirió la importancia de la familia en la protección de la niñez y la juventud en esta materia.
Expuso que el derecho a la salud se encuentra consagrado en diversos instrumentos nacionales e internacionales, y establecido en leyes locales, que buscan que el ser humano goce plenamente de la protección de su bienestar personal y colectivo.
Explicó que los esfuerzos de prevención deben enfocarse a los niños, adolescentes y jóvenes, quienes por su edad, son más vulnerables al riesgo de consumo, por tanto, se les debe orientar en el desarrollo de habilidades para fomentar la comunicación interpersonal y la resolución de conflictos.
Morales Gómez indicó que es necesario trabajar en temas como la protección a la familia como unidad fundamental de la sociedad; procurar una comunicación efectiva entre padres e hijos sobre las consecuencias del uso de drogas; crear espacios recreativos, deportivos y culturales que mantengan ocupada a la juventud; así como la difusión de los riesgos que implica el uso indebido y tráfico ilícito de drogas.
En ese sentido, dijo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través de sus capacitadores lleva a cabo actividades con diversos sectores de la sociedad, encaminadas a difundir y salvaguardar los derechos de niñas, niños, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes, indígenas y la población en general.
