- Asimismo, aprobó solicitar al Comité Coordinador del SNA hacer los ajustes necesarios a fin de que los servidores públicos de las administraciones saliente y entrante presenten sus declaraciones bajo este nuevo esquema
- El Instituto amplió de 555 a 876 los datos que deberán recabarse en las declaraciones
Ciudad de México.- El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó el acuerdo mediante el cual plantea una serie de adecuaciones al Formato Nacional de las Declaraciones Patrimonial y de Intereses, así como a las normas e instructivo para su llenado y presentación, elaborados por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La propuesta del CPC pretendía recabar 555 datos; sin embargo, el Instituto determinó sumar 321 más, con lo que da un total 876 campos de información, de los cuales 634 serán públicos y accesibles a cualquier persona y 242 tendrán el carácter de confidencial.
De conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), el Comité Coordinador del SNA, a propuesta del CPC, es el encargado de emitir las normas y los formatos para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses
En mayo pasado, el CPC remitió al INAI el formato de las declaraciones, así como las normas e instructivo para su llenado y presentación, con el propósito de que este órgano garante emitiera su opinión e hiciera las adecuaciones necesarias, garantizando el equilibrio entre el derecho de acceso a la información y el de la protección de datos personales.
Se prevé que las adecuaciones planteadas por el Instituto sean discutidas y votadas en la próxima sesión del Comité Coordinador del SNA.
En sesión pública, las y los comisionados del INAI coincidieron en que la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses, previstas en la LGRA y que todo servidor público estará obligado a presentar, contribuirá de manera significativa en la prevención, detención y sanción de la corrupción.
El comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, sostuvo que la evolución patrimonial de los servidores públicos era una de las asignaturas pendientes en la transición democrática de los últimos 40 años; en ese sentido, afirmó que el deber de presentar las declaraciones viene a modificar las condiciones futuras del funcionariado público en el país.
“El servicio público ha sido enjuiciado severamente, el servidor público ha aparecido en los últimos meses y años, especialmente, referido con tono crítico, y merece y conviene que el servidor público elija el camino de servicio público en una condición de sujeción permanente y de explicación puntual de cuánto recibe del erario en calidad de sueldo, prestación o en volumen”, subrayó.
A su vez, el comisionado Joel Salas Suárez propuso incluir en el acuerdo un resolutivo para solicitar al Comité Coordinador del SNA hacer los ajustes necesarios a fin de que los servidores públicos de las administraciones saliente y entrante presenten sus declaraciones patrimonial y de intereses bajo este nuevo esquema; la propuesta fue aprobada por unanimidad del Pleno.
“Una vez aprobados estos formatos por el Comité Coordinador, la declaración 3 de 3 será obligatoria para todo servidor público. Conviene tener claro lo anterior porque no habrá excepciones, ningún servidor público tendrá la posibilidad de elegir si quiere o no que sus declaraciones sean públicas. Este domingo tendrán lugar los comicios del 2018 en que los mexicanos elegiremos a alrededor de 3 mil 770 representantes, desde alcaldes y diputados locales, hasta el Presidente de la República. Todos deberán presentar la declaración 3 de 3”, subrayó.
En su oportunidad, el comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, aseguró que las incorporaciones sugeridas por el Instituto al formato como a las normas e intructivo para las declaraciones se fortalecen los instrumentos para la prevenir, controlar, detectar, sancionar y disuadir las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
“En el combate a la corrupción y el establecimiento del buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, destacamos el valor social de la información como elemento indispensable para que la ciudadanía conozca, identifique y pueda detectar posibles actos de corrupción. En el contexto actual, el papel del ciudadano es parte ya de un esquema de corresponsabilidad que nos hace más fuertes en esta lucha por una administración pública y servicio público más eficiente, responsable y transparente”, enfatizó.
En su intervención, el comisionado Oscar Guerra Ford señaló que el nuevo esquema de las declaraciones y su publicidad pretende incrementar los costos de incidir en actos de corrupción, facilitar la identificación de un aumento injustificado del patrimonio y detectar conflictos de intereses de los servidores públicos.
“Con la publicidad se aumentan los costos de colusión o complicidad, pues cualquier persona podrá conocer la información y presentar las denuncias correspondientes; a diferencia de la regulación anterior, donde las declaraciones patrimoniales, según el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ahora se establece que su publicación ya no dependerá de la voluntad del servidor público, sino que estás deberán ser públicas”, puntualizó.
En su momento, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos planteó que las personas con responsabilidades públicas mantienen la protección derivada del derecho al honor, sin embargo, las implicaciones de esta protección deben de ser ponderadas con las que deriven del interés público.
“En ese sentido, como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el umbral de protección al honor de un funcionario público debe permitir el más amplio control ciudadano sobre el ejercicio de sus funciones, porque el funcionario público se expone voluntariamente al escrutinio de la sociedad al asumir ciertas responsabilidades profesionales”, apuntó.
Finalmente, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, indicó que el INAI al ser un órgano constitucional autónomo y estar incorporado al Sistema Nacional Anticorrupción está obligado a coadyuvar de manera férrea con el escrutinio público, a través de políticas e instrumentos como las declaraciones patrimoniales y de intereses.
“La arquitectura constitucional permite a este Instituto ser un factor de equilibrio en el juego de los pesos y contrapesos del ejercicio del poder público, por lo que con esta opinión corresponde al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción pronunciarse de manera definitiva sobre las mismas, instrumentarlas y direccionarlas a los fines para los cuales se diseñaron”, subrayó.
El comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov se sumó a los pronunciamientos expuestos.
