Laura Castillo García
Vocera del Movimiento Antorchista en el Estado de México
Parece que a ese absurdo va encaminada la política de austeridad del gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador, quien, con el pretexto de combatir la corrupción, cerró más de 300 centros de salud conocidas como Unidades Médicas Urbanas, esparcidos por todo el territorio nacional.
Dichas Unidades Médicas Urbanas proporcionaban servicios médicos a las familias beneficiarias de Prospera que no contaban con seguridad social y que viven en zonas urbanas marginadas; por ello, en ellas laboraban: un médico, dos enfermeras, un promotor de acción comunitaria, un administrador y una secretaria.
Como ya es costumbre en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desmentir algo que está a la vista de todo mundo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, también hizo lo propio: “no estoy seguro que eso sea así (que hayan cerrado)”, dijo, porque “son los que van a consolidar mucho la atención primaria en salud, hay que analizarlo, ver por qué salió”, consignó el periódico nacional El Universal en su edición digital del pasado lunes 17 de junio.
O sea, cual típico político demagogo, primero insinuó que no sabía nada del cierre de esas 300 unidades médicas, pero luego, en una traición de su subconsciente, señaló que hay que analizarlo, ver por qué salió”. O sea, sí sabía pero no quiso reconocerlo ante los reporteros porque sabe que es una medida no solo antipopular mediáticamente, sino que en verdad afecta a millones de mexicanos de los más necesitados que existen en el país.
Tan es una instrucción salida de las más altas instancias federales, que el oficio que informó sobre “el cierre de operaciones y conclusión de los servicios que se proporcionaban a las familias beneficiarias de Prospera en las Unidades Médicas Urbanas”, lo firmó la encargada de la Unidad del Programa IMSS-Bienestar, Gisela Juliana Lara Saldaña. Y tan es cierto que se están cerrando las unidades médicas urbanas, que al momento de escribir estas líneas se llevaba a cabo el desmantelamiento de la clínica de salud en la colonia Emiliano Zapata de Fresnillo, Zacatecas.
¿Qué les queda a los mexicanos más pobres entre los pobres si ahora, gracias al gobierno de la Cuarta Transformación, no van a tener ni un médico general a mano para que les recete un antibiótico o un antiviral? Reitero, solamente tendrán dos caminos: o pagar servicios médicos privados -incluidas las farmacias que ofrecen esos servicios o, bien, resignarse a curarse con remedios caseros que conllevan una enfermedad crónica que, finalmente, los llevará a la tumba. O sea, con la 4T está prohibido enfermarse.
¿Para eso votaron 30 millones de mexicanos por López Obrador? No, estoy segura que todos los que votaron por él lo hicieron con la firme convicción de que las cosas iban a mejorar para los millones de desposeídos de este país, pero a poco más de siete meses de gobierno de ya saben quién, esos mismos votantes están cayendo en la dura realidad y ahora sí ven que las cosas son muy distintas: ven que el gobierno de AMLO no es para proteger los intereses de los pobres, sino, por el contrario, para proteger al puñado de ricos que se beneficiarán con esa situación.
Cierto que las 300 unidades médicas rurales que cerró López Obrador no eran suficientes para atender a una población superior a los millones de personas carentes de seguridad social, pero algo hacían y algo mitigaban el dolor de la gente. Ahora, con AMLO, ni eso.
