Toluca, Méx.- Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas tecnológicos a cargo de las instituciones de seguridad pública; contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y la estabilidad en la convivencia, así como prevenir situaciones de emergencia o desastre e incrementar la seguridad pública, son propósitos de la iniciativa de Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública, que analizará la LVIII Legislatura estatal a propuesta del gobernador, Eruviel Ávila Villegas.
Remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia en sesión del Quinto Periodo Ordinario, que preside el diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD), la iniciativa busca contribuir en la modernización de las instituciones de seguridad -estatal y municipales-, con el aprovechamiento de estas tecnologías.
La iniciativa, leída por el secretario de la Directiva, diputado José Alberto Couttolenc Güemez (Verde Ecologista), precisa los lineamientos a que se sujetará la colocación de tecnología, que corresponderá a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, así como los centros de Mando Regional y Municipal, además de los lineamientos para la colocación de cámaras de video vigilancia.
Establece que los sistemas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089, operarán con un número único para la atención a la ciudadanía, el primer diseñado para recibir las llamadas de emergencia las 24 horas los 365 días del año y el segundo, como un número de atención diseñado para realizar de manera anónima las denuncias de la comisión de delitos.
De igual forma, prevé el tratamiento que deberá darse al uso de las tecnologías, garantizando la inviolabilidad e inalterabilidad de la información recabada por la infraestructura tecnológica y de sistemas en materia de seguridad pública, a fin de regular los requerimientos para el suministro, intercambio y actualización de la información. Otro de sus propósitos es regular las acciones de análisis de la información obtenida con dichos equipos o sistemas para generar inteligencia en la prevención de la delincuencia e infracciones administrativas.
Propone JCP posibilidad de caución de los recursos municipales
Los diputados locales recibieron dos iniciativas de los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura, que preside el diputado Aarón Urbina Bedolla, para que el tesorero municipal caucione el manejo de los fondos municipales, para lo cual proponen que se haga por un monto equivalente al uno por millar con relación a sus ingresos propios, además de las participaciones federales y estatales que les correspondan.
La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal se complementa con otra que modifica la Ley de Fiscalización Superior y el Reglamento Interno del Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM) para precisar los términos en que se realicen estas cauciones, y que cuando se hagan, las afianzadoras del caso cumplan con las normas emitidas por el órgano fiscalizador y ofrezcan las mejores condiciones crediticias. Ambas fueron turnadas para su estudio y dictamen a las comisiones de Legislación y Administración Municipal, así como de Vigilancia del OSFEM.
Documentos de identificación oficial
Para hacer efectivo el derecho a tener una identidad propia y legal, el Ejecutivo estatal presentó una iniciativa de adición al Código Civil de la entidad para precisar que la credencial para votar, el pasaporte, la matrícula consular mexicana, la licencia para conducir, la carta de naturalización, y las credenciales expedidas por autoridades educativas, las cédulas profesionales o de pasante, en las que se aprecie la identidad de la persona, sirvan a este propósito.
Turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones de Procuración y Administración de Justicia, así como Gobernación y Puntos Constitucionales, agrega que, en caso de menores de edad, servirán el acta de nacimiento, la carta de naturalización y las credenciales expedidas por autoridades educativas que cuenten con autorización o con reconocimiento de validez oficial. También serán útiles las demás identificaciones reconocidas como oficiales.
Precisar sanciones de tipo administrativo
Armonizar lo dispuesto por la Constitución estatal en materia de justicia administrativa, con lo que dispone la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, es el fundamento de la iniciativa de reforma a dicha ley, propuesta por el Ejecutivo estatal, para precisar que el Consejo de Justicia Administrativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sea el facultado para aplicar lo dispuesto en cuanto a sanciones por faltas en este ámbito.
También propone precisar los mínimos y máximos de las sanciones actualmente consideradas, tales como la suspensión del empleo, cargo o comisión, así como la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Fue remitida a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.
