- Edomex, de las primeras entidades que avalaron la Minuta enviada por el Senado de la República que establece el Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Por: Alfonso Lara
Toluca, México.- La LVIII Legislatura del Estado de México se convirtió en una de las primeras entidades que aprobaron la minuta que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política del país y establece el Sistema Nacional Anticorrupción, para prevenir, detectar y sancionar hechos relacionados con la corrupción, aprobada y remitida por el Senado de la República.
Durante la sesión plenaria del 23 de abril, del Octavo Periodo Ordinario, -presidida por la diputada Elda Gómez Lugo- la minuta fue leída por la diputada Juana Bastida Álvarez, secretaría de la Directiva, la cual establece el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, fue dispensada del trámite de dictamen.
Durante el análisis del documento, los Grupos Parlamentarios del PRI, PRD y PAN destacaron la trascendencia de esta reforma para fortalecer la vida democrática de nuestro país. el legislador Sergio Mancilla Zayas resaltó el consenso “para dar un paso importante para el reforzamiento democrático del país”, mientras que la legisladora Xochitl Teresa Arzola Vargas se refirió a las reforma como de gran trascendencia, y confió en que será punto de arranque para acabar con la impunidad.
En su oportunidad, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, diputado Ulises Ramírez Núñez, subrayó que la reforma representa la lucha histórica, para combatir a la corrupción y avanzar en materia transparencia.
El documento plantea que el SNA contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la secretaría del Poder Ejecutivo federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, organismo garante establecido en el artículo sexto constitucional y por representantes del Consejo de la Judicatura Federal y el Comité de Participación Ciudadana.
Entre otros aspectos, fortalece las facultades de la ASF para realizar auditorías directamente durante el ejercicio fiscal en curso derivadas de denuncias, con el objeto de investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares.
Respecto a la declaración patrimonial y de conflictos de intereses, establece que los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables.
Se propone la procedencia de la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito. Las declaraciones en cuestión servirán como instrumentos idóneos para la determinación de enriquecimiento sin causa jurídica alguna.
