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Avanza armonización legislativa en protección de datos personales; 5 entidades ya cuentan con una iniciativa: INAI

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  • Se trata de los estados de Baja California, Oaxaca, Sinaloa, Quintana Roo y Zacatecas
  • Con el propósito de colaborar con las entidades federativas en la armonización de sus leyes, el INAI puso en marcha la “Estrategia para la armonización de la Ley General de Protección de Datos Personales en las Entidades Federativas”

Coyoacán, Ciudad de México.- Los estados de Baja California, Oaxaca, Sinaloa, Quintana Roo y Zacatecas ya cuentan con una iniciativa para crear su Ley de Protección de Datos armonizada con las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, vigente desde el 27 de enero pasado.

De acuerdo con el monitoreo legislativo que lleva a cabo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Quintana Roo fue la primera entidad en contar con una iniciativa, presentada el 7 de febrero de 2017 por la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria del Congreso Estatal.

Le siguió Zacatecas, cuya iniciativa fue presentada el 22 de febrero por la diputada local Julia Arcelia Olguín Serna; Oaxaca, el 14 de marzo, por el órgano garante local; Baja California, el 24 de marzo, por la diputada local Iraís María Vázquez Aguilar, y Sinaloa, el 29 de marzo, por la diputada local Ana Cecilia Moreno Romero.

La Ley General de Protección de Datos Personales establece un plazo de seis meses, a partir del 27 de enero, cuando entró en vigor la ley, para que las legislaturas de la federación y de las entidades federativas armonicen su ley en la materia, ya sea adecuando o expidiendo una norma específica.

Con el propósito de colaborar con las entidades federativas en el proceso de armonización de sus leyes de protección de datos personales, el INAI puso en marcha la “Estrategia para la armonización de la Ley General de Protección de Datos Personales en las Entidades Federativas”, que comprende, entre otras, las siguientes acciones:

Definir la Configuración Normativa Mínima para la Armonización de la Ley General, con el fin de especificar e identificar los mínimos irreductibles que deben contener las leyes estatales para garantizar la protección de los datos personales.

  • Emitir una Ley Modelo en materia de Protección de Datos Personales que sirva de insumo o herramienta de apoyo a los actores relacionados con el proceso de armonización legislativa, como el poder Ejecutivo y las Legislaturas Locales; que contribuya a contar con un marco normativo uniforme y armónico en todo el país; evite posibles inconsistencias normativas; recoja aspectos de mejora, y en la medida de lo posible, adopte aquellos estándares nacionales e internacionales que no hayan sido considerados en la Ley General.
  • Refrendar los vínculos de coordinación y colaboración con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), con el propósito de promover y dar seguimiento conjunto a los avances del proceso de la armonización legislativa en cada entidad federativa.
  • Brindar consultorías y asesorías especializadas en materia de protección de datos personales, para resolver inquietudes de carácter técnico sin perjuicio de las capacidades institucionales de cada entidad federativa.
  • Continuar con las Jornadas Regionales y Estatales en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, con la finalidad de promover entre autoridades locales y sociedad civil la necesidad de contar con una ley estatal armonizada con el ordenamiento general.
  • Elaborar un Diagnóstico para la Armonización de las Legislaciones Locales en materia de Protección de Datos Personales, con el objetivo de que autoridades y organismos garantes locales conozcan la situación actual que guarda su marco normativo estatal en la materia.

En su calidad de presidente del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el INAI busca con estas acciones asegurar que el derecho a la protección de los datos personales sea ejercido y garantizado bajo las mismas condiciones en todas las entidades federativas y órdenes de gobierno.