Aquiles Córdova Morán
La historia es larga, tanto como el ejercicio del Gobernador del estado de Veracruz, Dr. Javier Duarte de Ochoa, por lo que me limitaré a lo más relevante ocurrido en el año que corre.
l 10 de abril, obligado por el nulo resultado de sus gestiones apegadas a la normatividad, el Comité Estatal antorchista que encabeza el Ing. Samuel Aguirre Ochoa, dirigió una carta abierta al señor Gobernador en que hacía de su conocimiento la desesperada situación de los solicitantes y le rogaba su superior intervención para el cumplimiento de acuerdos firmados, algunos desde 2013. Quince días después, el 25 de abril, el Gobernador, acompañado de su gabinete, recibió a los firmantes de la carta y acordó con ellos que el Secretario de Finanzas cuantificaría el monto de las demandas y calendarizaría el flujo de los recursos necesarios para su ejecución. Se acordó además, aquí sí puntualmente, 1) la creación de un Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (modalidad de preparatoria, CECYTEV) en la comunidad de Huazuntlán, municipio de Mecayapan, ubicado en una de las zonas indígenas más pobres y olvidadas del estado, en vez del Colegio de Bachilleres que la población solicitaba varios años antes; 2) destinar recursos suficientes (se fijaron montos) para semilla mejorada de maíz y fertilizante subsidiado para campesinos pobres; y 3) 48 plazas de docentes que vienen laborando desde hace meses sin reconocimiento oficial ni goce de sueldo.
Nada se cumplió. Los antorchistas, tras reuniones y discusiones inútiles, volvieron a la brega y así lograron que el 5 de mayo, por fin, el Secretario de Finanzas girara por escrito a las dependencias respectivas la indicación de destinar, en el programa de obras de este año, el monto necesario para “las obras de Antorcha”, anexándoles la relación de las mismas. Se acordó además, aunque sólo verbalmente, el calendario de inicio de obra. Curiosamente, minutos antes de que esto ocurriera, el Gobernador se comunicó con la dirigencia para ratificarle que se cumpliría religiosamente con lo ordenado por el Secretario. Pero las fechas acordadas llegaron, pasaron, y ni la “orden” del Secretario de Finanzas ni la promesa del señor Gobernador surtieron efecto alguno. Los antorchistas, entonces, acordaron instalarse en plantón permanente frente a palacio de gobierno a partir del 2 de junio. Pero, otra vez “curiosamente”, el día 29 de mayo, los líderes fueron convocados a una “nueva” reunión con el señor Gobernador. Reiteró su compromiso con lo pactado y “ordenó” telefónicamente a sus funcionarios poner manos a la obra de inmediato. Al día siguiente, sin embargo, en las oficinas, los gestores fueron recibidos con más indiferencia que antes de la intervención de su jefe supremo, el señor Gobernador. No quedó más que reactivar los preparativos del plantón. Pero justo en la víspera, el 1° de junio por la noche, nueva llamada del Gobernador y nueva reiteración de que “se cumpliría lo acordado”, ahora con la “atenta súplica” de que desistieran de su plantón “porque el señor obispo de Xalapa celebraría, en el mismo lugar, día y hora, un evento religioso”. Los citó para el día siguiente, 2 de junio, el mismo día del plantón y, según mis reportes, hubo algunos avances, sin que ello quiera decir que todo quedó ya resuelto.
No es el vía crucis de los veracruzanos lo que me hace ocuparme del asunto. Esto ocurre todos los días en las 32 entidades federativas, incluido el D.F. Lo nuevo y preocupante es que, paralelamente a dicho vía crucis, han ocurrido hechos de cierta gravedad. 1) el Secretario de Finanzas, en una de tantas entrevistas, quiso desconocer la autenticidad de recibos expedidos por él mismo para el pago de predios destinados a vivienda de antorchistas que carecían de ella. El “error” apenas disimulaba la amenaza escondida tras él: enjuiciamiento y cárcel para los “falsificadores”, los dirigentes antorchistas. 2) El día 1° de mayo, “militantes” de “partidos de oposición”, probadamente a sueldo de funcionarios del gobierno, secuestraron a la directora del bachillerato provisional de Huazuntlán, licenciada Ángeles Cisneros, y al presidente municipal de Mecayapan, Jesús Cruz Hernández, acusándolos de “vendidos” por aceptar el CECYTEV en vez del Colegio de Bachilleres que demandaba la gente. El pretexto era falso a todas luces, pues el cambio fue informado, discutido y aprobado por la comunidad y los padres de familia, con toda oportunidad. Los secuestrados no pudieron, durante ocho horas, ir al baño, comunicarse con sus familiares ni ingerir alimentos ni agua; y para liberarlos hubo que hacer un plantón en Xalapa y movilizar al antorchismo del sur del estado. Suma y sigue: Ante las fallidas “ordenes” del Secretario de Finanzas, se programó una marcha para el 7 de mayo; pero, justo en la víspera, los transportistas rompieron el contrato, algunos alegando abiertamente “órdenes de arriba”; y el día 7, a la hora de la marcha, 60 autobuses con gente de CODESI (en realidad vacíos), membrete a las órdenes del gobierno, “sitiaron” el palacio impidiendo el acercamiento de cualquier contingente. El 14 de mayo, colonos de Xalapa protestaban porque la constructora “Casa Carpín” estaba cegando un arroyo que pasa por su colonia, lo que provocaría severas inundaciones. Una señorita finolis, llamada Liliana González, “indignada”, les echó encima su auto de lujo con clara intención homicida, dejando dos lesionados de gravedad: el profesor Dionisio Pérez Zárate y el estudiante Edwin Rodolfo López. A pesar de ello, la pirrurris tardó más en entrar que en salir de la cárcel mediante una fianza simbólica.
Los antorchistas veracruzanos nada tienen ni han tenido nunca contra el Dr. Javier Duarte de Ochoa. Participaron activamente en su campaña y le dieron, a la hora de la votación, muchos y garantizados sufragios. ¿Por qué, pues, habrían de empezar ahora, cuando el señor es ya poderoso e influyente Gobernador, a cambiar de opinión y comenzar a quejarse de sus funcionarios o a “crearle problemas artificiales”? Pero es difícil ver en las dilaciones y maniobras para no atender sus demandas, y en los reiterados llamados de último minuto para “negociar” y obligarlos a cancelar sus acciones de protesta, verdaderas carencias de la administración o simples y desafortunadas “casualidades” que nada significan. Si fuera así, no se ve por qué tendrían que esperarse al cuarto para las doce para, finalmente, dar y ofrecer lo que antes negaron tenazmente. Más bien, parece que se trata de un bien meditado plan que se propone dos resultados complementarios: 1) cansarlos y desanimarlos en sus demandas; 2) forzarlos a suspender sus acciones de protesta a última hora, para exhibirlos ante los veracruzanos como “chantajistas” que sólo amenazan para obtener dinero y prebendas y que, una vez conseguido su propósito, no tienen empacho en desmontar su teatro de “lucha en favor de los pobres”. Si a ello se suman las amenazas de cárcel, los secuestros, las agresiones mortales y las graves violaciones a la ley para proteger a asesinos potenciales, parece inevitable concluir que estamos ante una política perversa para desbaratar al antorchismo veracruzano negándole sus peticiones y cerrándole, por la buena o a la fuerza, los caminos de la protesta legítima. ¿Ignora todo esto el Dr. Duarte de Ochoa? Si es así, a partir de hoy queda informado. El antorchismo nacional, por su lado, no dejará solos a sus hermanos veracruzanos ni se callará ante la supresión de facto de las garantías constitucionales que se intenta, en perjuicio de los que menos tienen. Vale.
