Por: Rosalba Pineda Ramírez
México es reconocido a nivel mundial por sus hermosos sitios turísticos y por la fraternidad y solidaridad de sus habitantes; pero, también por su pobreza, por la corrupción y por la falta de oportunidades de desarrollo. Enmarcado en este contexto, llegó a nuestro país el contagioso Covid-19, el cual evidencia la desigualdad social en la que vivimos.
A pesar de que la educación, el acceso a la alimentación y la salud son derechos constitucionales, la realidad es que en México viven 91 millones de personas en pobreza, incluidos los 46 millones que padecen pobreza extrema. Son familias enteras que sufren de hacinamiento, que no cuentan con recursos suficientes para adquirir los productos de la canasta básica y mucho menos para cuidar de su salud en consultorios médicos, por lo que recurren a remedios caseros aun con los riesgos que ello implica. Es un panorama incierto y lacerante que se agudiza con el transcurrir de los días en cuarentena; una cuarentena que evidencia la desigualdad social que vivimos en México y que atenta contra la vida de las personas más vulnerables, quienes pueden morir por contagio de coronavirus por el hacinamiento en que viven o por hambre.
Es fácil pedirle a la gente que se quede en casa; sin embargo, es difícil acatar esta recomendación cuando más de 31 millones de mexicanos dependen de un empleo informal; por lo que se ven obligados a salir todos los días de su hogar para ganar “unos pesos” que les permitan llevar el pan a su mesa.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en el Estado de México, el 56.9 por ciento de la población labora en la informalidad, por lo tanto, carece de prestaciones y de un salario digno, lo cual merma la condición de los mexiquenses que no tienen un buen empleo, ni alimentación y mucho menos acceso a unidades médicas en las que puedan cuidar de su salud y la de sus seres queridos.
Los últimos reportes del gobierno de México indican que en todo el país hay más de 56 mil casos positivos de Coronavirus y más de seis mil defunciones; por su parte, la Secretaría de Salud estatal refiere que en el Edomex hay más de nueve mil personas infectadas y más de 500 decesos. A pesar de que la cifras continúan en aumento, en plena fase tres, las autoridades de salud ya están considerando regresar a una “nueva normalidad”, lo cual es delicado y peligroso porque la cadena de contagios podría incrementarse con mayor rapidez y por tanto, saturar los hospitales Covid-19, en donde se reduce la posibilidad de recibir una atención adecuada y los insumos necesarios para la recuperación de los pacientes.
Antes de pensar en que la gente salga de sus casas, el gobierno federal y sus similares estatales y municipales deberían aplicar un proyecto económico que favorezca a todos los sectores vulnerables de la población como adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades crónicas no transmisibles, madres solteras, viudas e incluso a los que se han quedado sin empleo a causa de esta pandemia, con el fin de que tengan recursos para solventar gastos de luz, teléfono, gas y otros.
Las autoridades deben aplicar un proyecto alimentario para dotar de productos necesarios a las familias más pobres; es más, podrían establecer convenios con las empresas con mayor solvencia económica para que hagan donaciones en especie que favorezcan la alimentación de los más desprotegidos. Existen múltiples estrategias de actuación, solo es cuestión de tener la voluntad política para ayudar a quienes temen morir de hambre o por Covid-19.
Es momento de actuar, de que el gobierno de la 4T haga efectiva su promesa de “primero los pobres”; de lo contrario, pasará lo que actualmente sucede en municipios como el de Chicoloapan, en el Estado de México, en donde la alcaldesa Nancy Gómez, de filiación morenista, justifica su poca actuación en plena crisis sanitaria y, como resultado, ahora ni las clínicas ni el personal médico están preparados para atender a los enfermos por Covid-19, virus que ya ha cobrado la vida de varios chicoloapenses.
La contingencia superó al gobierno municipal de Chicoloapan. Incluso su alcaldesa reconoce que tanto las cifras del gobierno federal como del estatal son incorrectas, pues, dijo, “los casos son más, son mucho más… ha habido mucha gente que ha ido al hospital y no la atienden… muchas otras personas han muerto en sus casas…” Es urgente que la alcaldesa concluya el hospital en proceso de construcción, aunque recientemente se negó a hacerlo, a fin de que los chicoloapenses no tengan que trasladarse de un municipio a otro para recibir atención médica. Mucho menos durante esta pandemia.
