- Presenta PAN una propuesta para que la Legislatura haga un exhorto al GEM para impulsar la reactivación económica.
- Morena presentó un Punto de Acuerdo para instaurar un Programa de Apoyo a Transportistas Mexiquenses.
- El PT propone que la Legislatura pueda emitir Declaratorias de Contingencias en la Ley de Seguro de Desempleo.
- Morena y PT presentaron la Iniciativa de Ley de Amnistía del Estado de México.
Por: Josafat Sánchez
Toluca, México.- En maratónica sesión de la Comisión Permanente del Congreso mexiquense -presidida por la legisladora Mónica Álvarez Nemer; Juan Maccise Naime, Vicepresidente; y Reneé Alfonso Rodríguez Yáñez, Secretario- aprobaron y recibieron exhorto, propuestas, puntos de acuerdo e iniciativas sobre temas de relevancia para la buena marcha de la entidad y sus más de 17 millones de mexiquenses.
Por un lado y para hacer frente a la afectación económica derivada de la contingencia sanitaria por la pandemia de covid-19, la 60 Legislatura mexiquense exhortó -por unanimidad- al gobierno del Estado de México a promover un programa integral y emergente para impulsar la reactivación económica y productiva, fomentar el empleo, incentivar la continuidad y la apertura de nuevas unidades económicas de bajo y mediano impacto y estimular el turismo y la ocupación hotelera.
La propuesta del diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, también incluye que, si es necesario, el gobierno estatal amplíe beneficios fiscales y valore igualmente la aplicación de subsidios y la extensión de periodos de gracia para su cumplimiento, con el objetivo de favorecer a los contribuyentes.
En su intervención, el diputado proponente reconoció que la aparición del covid-19 trajo consecuencias en diferentes sectores, pero particularmente en el económico, con lo cual, apuntó, se podría generar una recesión que pone en riesgo la economía de las familias mexiquenses.
El legislador recordó que en la entidad hay una fuerza laboral de cerca de ocho millones de personas y más de 600 mil micros, pequeñas y medianas empresas, además de que el turismo genera en el estado una derrama económica de más de 20 mil millones de pesos al año, gracias a sus 16 millones de visitantes.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Araceli Casasola Salazar solicitó la adhesión de su bancada al punto de acuerdo.
En otro punto del orden del día, la Diputación Permanente aprobó exhortar al Ejecutivo estatal a que, por medio de la Secretaría de Movilidad y su titular Raymundo Martínez Carbajal, promueva y genere apoyos económicos al sector que atiende al transporte público y al de turismo, además de bonos mensuales para combustible, tal como ya se hace en la ciudad de México.
Esta instancia legislativa dio su aval, previa dispensa de trámite a comisiones dictaminadoras, al punto de acuerdo propuesto por el diputado Nazario Gutiérrez Martínez (Morena), quien preside la Comisión de Comunicaciones y Transporte en el Congreso mexiquense, al que dio lectura su compañero de la bancada de morena, el diputado Valentín González Bautista.
Conforme a la argumentación ofrecida por el proponente, en la fase tres de la contingencia sanitaria provocada por el covid-19, los transportistas concesionados se han visto obligados a incrementar sus gastos, pues deben invertir en insumos como cloro, desinfectantes, gel antibacterial, alcohol y jabones, además de cubrebocas y guantes. Aunado a lo anterior, el sector ha visto la caída de sus ingresos en un 50 a 60 por ciento, debido a que una de las medidas institucionales para enfrentar la pandemia es reducir las corridas de las unidades a la mitad y con pocos pasajeros. El documento contempla incluir la condonación de multas y recargos generados por la realización de trámites ante la Secretaría de Movilidad, y dirigido a operarios y concesionarios de autobuses, vagonetas y taxis.
El legislador sin partido Carlos Loman Delgado, quien votó en contra del punto de acuerdo, pidió que fuera enviado a comisiones para su análisis, pues ante la compleja situación que se enfrenta por la pandemia de covid-19, los recursos con los que cuenta el Poder Ejecutivo deben concentrarse principalmente en el sector salud que enfrenta graves carencias.
Más adelante, y por considerar que para la población mexiquense es prioritario que las instituciones públicas y del Estado sean las primeras en impulsar políticas que le garanticen el mínimo de bienestar, como el derecho al trabajo y el derecho a un seguro de desempleo, el diputado Armando Bautista Gómez (PT) propuso que el Poder legislativo pueda también emitir declaratorias de contingencia de cualquier orden, las dirija al Ejecutivo y éste responda, en un plazo no mayor a 15 días, qué acciones implementará al respecto.
La Diputación Permanente remitió la iniciativa de reforma y adición a la Ley del Seguro de Desempleo del Estado México a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social para su estudio y dictamen.
El documento, al que dio lectura el legislador Bernardo Segura Rivera (PT), sostiene que el actual contexto “es muy difícil para los mexiquenses”, lo que obliga a una mayor participación del Estado para el desarrollo económico y social, la creación de normas y estrategias que protejan el interés de los trabajadores y la reducción de las desigualdades.
Agrega la iniciativa que por la presente emergencia sanitaria esta entidad se ubica entre las primeras cinco por el número de empleos perdidos, particularmente en el sector servicios. Detalla también que mientras en el país se reportan alrededor de 350 mil puestos de trabajo perdidos, en la entidad se contaron, en marzo, más de 16 mil.
Se destacó que en la primera quincena de abril, entre 5.2 y 8.1 millones de mexicanos manifestaron haber perdido su trabajo, enviados a descanso obligatorio y sin poder salir a buscar uno nuevo por la contingencia, lo cual explica la necesidad de actualizar la ley referida a las condiciones presentes.
La iniciativa precisa también que existe contingencia laboral cuando se presentan los siguientes supuestos: una situación de crisis económica que haya dado lugar, durante seis meses consecutivos, a la caída en el número de empleos en el estado, o cuando la economía atraviese por una fase recesiva constatable con la caída del Producto Interno Bruto Estatal.
Entre otros asuntos, la Diputación Permanente recibió dos iniciativas de Ley de Amnistía del Estado de México: la primera, presentada por los diputados Max Agustín Correa Hernández, Gerardo Ulloa Pérez, Guadalupe Mariana Uribe Bernal y Liliana Gollas Trejo, en nombre del Grupo Parlamentario de morena, que afirma que la expedición de este ordenamiento será un paso positivo para resarcir los efectos más lacerantes del sistema de justicia penal mexiquense, el cual, señalan, ha generado una cantidad considerable de víctimas de violaciones al derecho a un debido proceso, a la libertad y a la integridad.
La segunda iniciativa fue planteada por el diputado Armando Bautista Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario del PT, la cual pretende la reinserción social de personas que fueron privadas de su libertad injustamente.
La propuesta morenista, leída por la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, presidenta de la Permanente, recuerda que el Poder Legislativo del Estado de México tiene la atribución constitucional de conceder amnistía por delitos de la competencia de los tribunales estatales; sin embargo, no existe una ley local que regule el procedimiento y señaló que “al igual que la Ley de Amnistía aprobada recientemente por el Congreso de la Unión, el proyecto local se enfoca en aquellas personas que, siendo inocentes, fueron privadas de la libertad o que, debido a los impactos psicosociales derivados de la pobreza se vieron en la necesidad de delinquir para sobrevivir”, y aclaró que “bajo ninguna circunstancia se otorgará amnistía a quienes hayan cometido algún delito mayor o grave, sean reincidentes o delincan con habitualidad, porque estamos comprometidos con la protección a las víctimas y evitar a toda costa la revictimización”.
La propuesta del PT, leída por el legislador Bernardo Segura Rivera, considera necesario consolidar el sistema penitenciario en los tres órdenes de gobierno, con una visión humanitaria, que permita lograr la reinserción social de personas que pudieron haber sido privadas de su libertad injustamente.
Reconoce la importancia de emprender un proceso de pacificación y adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas con la creación de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores. Para ello, aseguró, se deben de garantizar sus derechos, ofrecerles reducciones de penas e incluso amnistía, condicionadas a la aprobación de que las víctimas sean personas o colectividades, y proponerles un cambio de vida.
Ambas propuestas fueron remitidas a las comisiones legislativas de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos para su análisis y dictamen correspondiente.
