- Imparten conferencia a servidores públicos de la Codhem
Toluca, México.- La deficiencia, retraso o falta de atención a los gobernados y no acceder a diferentes niveles escalafonarios, son las principales prácticas discriminatorias que se detectan en el servicio público, destacó el catedrático universitario Rubén Magaña Ambriz, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
Al respecto, el director de la Unidad Jurídica y Consultiva de la Codhem, Erick Mañón Arredondo, destacó que la discriminación prolifera en las áreas laborales de los sectores municipal, estatal y federal, pues a veces las personas son relegadas por su edad, género, preferencia sexual, color de tez o religión.
Al impartir la conferencia “Derecho a la no discriminación en el servicio público” Magaña Ambriz comentó que hay prácticas de los servidores públicos que afectan a los ciudadanos y otras, de manera interna, es decir, a quienes laboran en la misma dependencia.
La discriminación estructural, dijo, se refiere a prácticas concatenadas reproducidas por las instituciones y avaladas por el orden social que provoca que las personas enfrenten diferentes escenarios sociales, políticos, económicos y éticos; desiguales oportunidades de desarrollo y consecución de su plan de vida.
El especialista explicó que el servicio público es toda actividad del Estado con destino directo o indirecto al gobernado, y de acuerdo con el Derecho Administrativo, no debe distinguirse a nadie, aunque hay excepciones, como el servicio médico de urgencia y la atención a grupos vulnerables.
Mientras que en Derecho Laboral, agregó, se debe evitar el lenguaje discriminatorio y hay que establecer reglas específicas, objetivas y medibles para determinar si un empleado pasa o no al siguiente nivel salarial; de lo contrario se incurriría en la violación a ese derecho, con el amiguismo y compadrazgo, así como en la inefectividad del organismo.
El catedrático consideró que el impacto de la discriminación en el litigio moderno tiene mayor relevancia y se han fortalecido los criterios para erradicar dichas prácticas, por ejemplo en el caso del bullying, hay consecuencias judiciales cuando un servidor público no actúa para atender el problema y subrayó que “Atendiendo a la perspectiva de la justificación y razonabilidad podemos erradicar muchas prácticas discriminatorias”.
