- El organismo defensor exhorta a las autoridades a prevenir, investigar y sancionar dicha práctica.
Toluca, México.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México exhortó a las autoridades competentes, a prevenir, investigar y sancionar la práctica de desapariciones forzadas por cualquier causa o motivo, ya que constituyen un ultraje a la dignidad humana, que afecta no sólo los derechos de la víctima, sino también de sus familiares.
Al hacer un pronunciamiento en el marco del “Día Internacional de las víctimas de desapariciones forzadas”, el organismo defensor propuso combatir actos de hostigamiento, maltrato e intimidación que generan impunidad y solicitó respetar el derecho que tienen las víctimas a la justicia y a la reparación del daño, así como a conocer la verdad sobre las circunstancias y el paradero de la persona desaparecida.
Explicó que la desaparición forzada no es un problema regional, sino que este tipo de manifestaciones se registra en distintos puntos del mundo, y hoy en día afecta a los defensores y defensoras de derechos humanos, a los parientes de las víctimas, a testigos y abogados.
La defensoría estatal de habitantes, precisó que esta acción se configura cuando ocurren arrestos, detenciones, secuestros o cualquier forma de privación de la libertad por parte de agentes, persona o grupo que tenga autorización, apoyo o anuencia del Estado.
En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, brinda asesoría jurídica a las personas que lo soliciten, a fin de que conozcan los derechos.
Cabe indicar que en nuestro país, un precedente es el caso de Rosendo Radilla Pacheco, quien en 1974 fue presunta víctima de desaparición forzada por parte de elementos del ejército mexicano en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, y ante el incumplimiento del gobierno para atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el asunto llegó a la Corte Interamericana, quien dictó sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano. Esto, fue un elemento para impulsar la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, para cumplir con las obligaciones que impone el tribunal internacional.
