- Eruviel Ávila Villegas, inauguró la Jornada Regional sobre Justicia Penal y Derechos Humanos que organizó la CNDH y que tuvo como sede el Aula Magna de la UAEM.
- Convocó el gobernador mexiquense a todos los sectores de la sociedad a diseñar un Programa Estatal de Derechos Humanos alineado a la estrategia nacional presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Por: Omar Vives A.
Toluca, México.-El Estado de México se encuentra a la vanguardia nacional en la implementación del Sistema de Justicia Penal de tipo Acusatorio Adversarial y Oral; actualmente hay 83 salas de este tipo y 324 cámaras de grabación en los 18 Distritos Judiciales de la entidad, para ofrecer certidumbre en los procesos y reducir su duración, el reto es que opere con eficacia y respeto absoluto a los derechos humanos, aseveró el gobernador Eruviel Ávila Villegas en el marco de la inauguración de la Jornada Regional sobre Justicia Penal y Derechos Humanos, que encabezó junto con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.
Al tiempo de convocar a la sociedad civil, órganos autónomos, académicos, instancias gubernamentales y a los tres poderes públicos del Estado de México, para trabajar de manera coordinada y en breve presentar un Programa Estatal de Derechos Humanos, alineado a la estrategia nacional que en esta materia presentó recientemente el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Ávila Villegas resaltó algunas acciones que en la materia realiza el gobierno estatal, como un convenio entre el Poder Judicial y la Secretaría de Educación para desarrollar un programa académico y certificar a docentes mediadores en las escuelas; la creación de centros de mediación, para evitar problemáticas de bullying y violencia escolar; la promoción y fomento de la cultura de la prevención social del delito y la denuncia, y la presentación de diversas iniciativas que ya fueron aprobadas por la Legislatura.
Ante el Presidente del Poder Judicial del Estado de México, Baruch Delgado Carbajal, advirtió “México y el Estado de México estamos avanzado en el camino correcto a favor de los derechos y libertades esenciales de las personas. Aún hay trecho por recorrer, hay que reconocerlo, es un proceso en el que la colaboración de los órdenes y niveles de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, y las instituciones educativas deben estar presentes”.
Adicionalmente, dijo, contamos con las reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, para obligarlos a que en todas sus actuaciones respeten los derechos humanos, y en caso contrario sean sancionados. De igual manera está la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México; la iniciativa para crear el Organismo Público Descentralizado de Inspección General de las Instituciones de Seguridad y Justicia del Estado de México, para vigilar que el actuar de las corporaciones policiacas se apegue a la ley y no se violenten garantías individuales, así como el combate a delitos que violan derechos fundamentales, como la trata de personas, clausurando cerca de 800 giros negros en casi un año.
Por su parte, Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, reconoció al gobernador por hacer posible la realización de este foro en territorio mexiquense, y su participación es un claro mensaje del compromiso que ha asumido en materia de justicia y de derechos humanos, lo que para esta organización resulta significativo tener un aliado en la materia, para que, unidos, estos temas se puedan traducir en una realidad.
Esta jornada regional, indicó, tiene el objetivo de impulsar el diálogo, debatir aspectos del sistema de justicia penal y el impacto en materia de derechos humanos, abordando temáticas como las nuevas atribuciones del ministerio público, enfoque del sistema probatorio, características del Código Nacional de Procedimientos Penales y los derechos humanos en los mecanismos alternativos de justicia.
En este contexto, el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Jorge Olvera García opinó que el sistema judicial mexicano está en una nueva etapa de modernidad, donde la rapidez y la eficiencia son aspectos fundamentales; y aseveró que corresponde a las instituciones de educación superior y a los distintos órganos de gobierno crear raíces fuertes, afianzadas en la reflexión, el humanismo y la sensibilidad.
Aseguró que la UAEM se distingue como espacio ideal para el fomento de los valores esenciales de la condición humana, pues en sus aulas se desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo que da lugar a practicar la libertad, la igualdad, la tolerancia, la solidaridad y la equidad para la construcción de una nación consciente de sus Derechos Humanos. Es este sentido, puntualizó: “En la Universidad Autónoma del Estado de México defendemos la idea de que la educación de calidad será palanca que impulse la construcción de una cultura que procure y vele por el respeto a los derechos de todos; las injusticias, violaciones, desigualdades y problemas sociales serán combatidos desde las trincheras de la educación”.
Por parte de la CODHEM, intervino su presidente Marco Antonio Morales Gómez, quien reconoció el esfuerzo de la CNDH para realizar este evento académico y subrayó que el gobierno encabezado por Eruviel Ávila Villegas impulsa de manera permanente el respeto y respaldo a las políticas públicas en materia de Derechos Humanos, centro de todas las acciones de gobierno.
Los oradores de este evento, ante los diputados Aarón Urbina Bedolla, José Alberto Couttolenc Güemez y María de Lourdes Aparicio Espinosa, presidentes de la Junta de Coordinación Política, de la Diputación Permanente y de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, respectivamente, coincidieron en reconocer la labor de los legisladores mexiquenses; quienes han dado cuenta de su compromiso con los Derechos Humanos a través de la aprobación de las distintas iniciativas que han dado fruto a una legislación de vanguardia en esta materia.
En este acto, estuvieron presentes también: el secretario general de Gobierno, José Sergio Manzur Quiroga; Alejandro Gómez Sánchez, procurador de Justicia estatal; y María Elena Barrera Tapia, senadora de la República.
