Toluca, Méx.- Con el objetivo central de extender las bondades de la denominada justicia alternativa, a todos los rincones de la entidad, autoridades del Poder Judicial del Estado de México y de la Secretaría del Trabajo estatal signaron un convenio general de colaboración por el cual el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa capacitará y certificará a funcionarios de las Juntas de Concialición y Arbitraje del Valle de Toluca y del Valle Cuautitlán Texcoco, en la materia, para la solución voluntaria de controversias.
Ambas instituciones se comprometieron a realizar actividades encaminadas a la superación académica, la formación y capacitación profesional, al fortalecimiento del servicio profesional de carrera y a la divulgación del conocimiento, mediante la planeación y realización de acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo.
El titular del Poder Judicial mexiquense, Magistrado Baruch F. Delgado Carbajal, conjuntamente con el Secretario del Trabajo de la entidad, Francisco Javier García Bejos, firmaron el documento que pone al alcance de la sociedad modernos y eficaces instrumentos de solución de conflictos en el ramo laboral, a través de la capacitación que el Tribunal Superior de Justicia (TSJEM) impartirá a servidores públicos de dicha secretaría.
Baruch Delgado Carbajal sostuvo que la justicia restaurativa es ya un elemento necesario en cualquier área de la impartición de justicia, no escapando a ello la justicia laboral. Explicó que en su propio nombre, las juntas locales de Conciliación y Arbitraje obligan a fortalecer los mecanismos que solucionen de raíz los conflictos entre trabajadores y patrones; y puntualizó en el sentido de que el propósito es que los asuntos laborales se solucionen de manera amigable y de raíz, en todos aquellos casos que se someten a consideración de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje.
Por su parte, la Directora General del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del PJEM, Martha Camargo Sánchez, señaló que los mexiquenses tienen el derecho de arreglar los conflictos por la vía pacífica, del diálogo, a través de las instituciones públicas que de manera gratuita prestan dicho servicio.
