- El comisionado del INAI sostuvo que la verificación y evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, no debe ser concebida como una función netamente técnica
- Con la representación del Instituto, participó en el XXII Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Madrid, España.- La verificación y evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados no debe ser concebida como una función netamente técnica; éstas buscan garantizar al ciudadano que existe un cumplimiento a la normatividad en la materia y que puede ejercer su derecho de acceso a la información pública sin restricciones, afirmó Oscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“De tal forma que, una de las tareas relevantes del instituto autónomo es garantizar a los ciudadanos que pueden ejercer su derecho de acceso a la información pública sin restricciones y, brindarles la seguridad jurídica y los mecanismos para hacerlos valer en caso de negativas por las instituciones públicas del Estado mexicano”, precisó.
Con la representación del INAI, al participar en el XXII Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Guerra Ford reconoció que si bien, todavía no hay un acuerdo de aceptación generalizada para medir la transparencia de la gestión gubernamental, resulta más relevante definir el uso que se le va a dar a los resultados de la medición.
“A partir de los resultados, el órgano garante de la transparencia está en la posibilidad de hacer el despliegue de políticas focalizadas: acompañamiento institucional que propicien el cumplimiento de la ley, la entrega de reconocimientos sociales, y en caso de ser necesario, la imposición de sanciones”, manifestó.
Durante el Panel “Evaluando la transparencia: El caso de México”, el comisionado del INAI señaló que, con toda esta información, se podrá evaluar la actuación de las autoridades y vigilar el correcto funcionamiento de las instituciones.
“La transparencia y evaluación del quehacer gubernamental contribuye a la cultura de rendición de cuentas y desde luego, fomenta a una sociedad más participativa y colaborativa con los gobiernos”, enfatizó.
Oscar Guerra indicó que la medición de la transparencia no es un asunto menor, ya que puede servir como referente de diagnóstico para medir asimetrías, o bien, para implementar verdaderos sistemas de evaluación del cumplimiento de obligaciones.
“La medición es la columna vertebral para verificar el cumplimiento del entramado legal de la transparencia. Este ejercicio en el ámbito federal tendrá éxito en la medida que pueda replicarse la evaluación en los niveles de gobierno estatales y municipales”, apuntó.
El comisionado recordó que, conforme a las directrices emitidas por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y el Programa Anual de Verificación 2017, del 22 de mayo al 14 de agosto de 2017, el INAI realizó la primera verificación diagnóstica a la información que difundieron 862 sujetos obligados del ámbito federal en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), uno de los cuatro módulos que conforman la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
“El Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia por Sujeto Obligado (IGCPT), arrojó un promedio general del 62.74 puntos sobre 100 posibles”, precisó.
En este contexto, Oscar Guerra presentó un video tutorial de la PNT, disponible en https://youtu.be/SBwTibPW5kE, en el que se explica cada una de las funciones de la herramienta diseñada para que las personas ejerzan su derecho de acceso a la información.
Finalmente, Guerra Ford indicó que el INAI, como parte de sus funciones de evaluación, tiene contemplado en el 2018, una verificación censal, vinculante, con resultados públicos, entre los meses de abril a junio, así como una verificación muestral, vinculante, con resultados públicos, entre los meses de septiembre a noviembre.
El CLAD tiene como misión promover el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la Administración Pública.
Se constituyó en el año 1972, bajo la iniciativa de los gobiernos de México, Perú y Venezuela, y su creación fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
