Laura Castillo García
Vocera del Movimiento Antorchista en el Estado de México
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se han cometido más de 180 mil homicidios dolosos, lo que significa que, en México, un mexicano es asesinado cada 15 minutos, de acuerdo con las cifras publicadas el pasado 4 de marzo por la página Infobae, la cual reprodujo los datos de la empresa Tresearch.
Aunada a esa situación, también se registra un incremento preocupante de la violencia asociada al proceso electoral 2024, la cual –desde junio de 2023 hasta el pasado 2 de abril–, ha cobrado la vida de 27 candidatos más 24 personas asociadas al proceso electoral; o sea, en total van 51 vidas perdidas. ¿Cuántos más veremos caer de aquí al día de la jornada electoral del próximo 2 de junio? Espero que ni uno más caiga; pero, dado el clima violento que los mexicanos vivimos día a día, el pronóstico es reservado, más aún si esta elección ya está calificada por los expertos como el más violento de la historia moderna del país y al mandato de Amlo se le considera como el más mortal de todos los tiempos.
Todos sabemos que la situación de violencia en México se complicó desde que el presidente López Obrador dijo que respetaría los derechos humanos de los delincuentes porque “también son seres humanos que merecen nuestro respeto”. De acuerdo, señor presidente, respetemos los derechos humanos de los delincuentes, pero pongámosles correctivos, detengámoslos y que la ley les ponga sanciones de acuerdo con el delito cometido porque ellos no respetan los derechos humanos de los inocentes, pues cuando hacen sus fechorías, agreden a la gente que transita por la calle o va en el transporte público; también golpean y hasta le quitan la vida a los dependientes de los negocios que asaltan. Además, generalmente salen perjudicados inocentes cuando las bandas, grupos o cárteles se pelean por “las plazas” donde venden sus mercancías. Así es, aunque ya se va, el presidente de la república debe cumplir con su obligación de brindar protección y garantías de seguridad a todos los mexicanos y no solo a aquellos que han hecho de la delincuencia su actividad principal.
Además de la creciente violencia, la inacción del presidente López Obrador tiene sumido al país en una terrible impunidad que, desgraciadamente, poco a poco se normaliza dado el gran número de eventos de ese tipo que día a día padecemos los mexicanos y para los cuales no se aplica castigo alguno, solo se dejan pasar para que los familiares de los muertos se enfaden de tanta gestión infructuosa y, finalmente, se olviden del evento en que, sin deberla ni temerla, perdieron la vida sus seres queridos. No es el caso del Movimiento Antorchista Nacional, el cual desde el primer momento en que se enteró del asesinato de dos dirigentes antorchistas en Guerrero y de su hijo de seis años, iniciaron la denuncia del brutal hecho y, paralelamente, exigieron a las autoridades políticas y judiciales de Guerrero, y posteriormente a las federales, que dieran con los asesinos, tanto intelectuales como materiales, y cayera sobre ellos todo el peso de la ley por haber privado de la vida a tres inocentes.
A un año del cruel y despiadado asesinato de los líderes sociales: Conrado Hernández, Mercedes Martínez y de su hijo Vladimir, los antorchistas del país siguen exigiendo que caiga todo el peso de la ley para quienes se atrevieron a privarlos de la vida en un paraje cercano a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.
Han sido innumerables las gestiones ante autoridades judiciales y políticas tanto del estado de Guerrero como del país entero y, a pesar de que una y otra vez han recibido compromisos de investigar y atrapar a los asesinos, el caso es que los gobiernos estatal y federal, respectivamente, no han presentado ningún avance en la investigación y, por tanto, menos aún hecho justicia. Clamores de justicia de los antorchistas han recorrido todo el país, pero los políticos están más ocupados en ganar las elecciones que culminarán el próximo 2 de junio que en frenar a la delincuencia.
El incremento de la violencia y, en consecuencia, el aumento de los asesinatos de inocentes, debe ser tema de reflexión de los ciudadanos que elegirán a la próxima mandataria de la nación, una de las cuales dice que continuará con el progreso sembrado por el actual presidente de la república, el cual no se ve por ningún lado.
Absolutamente diferentes a Amlo y a toda la 4T, fueron en vida los antorchistas Conrado Hernández y su esposa Mercedes Martínez: para ayudar a combatir la pobreza de los sectores más vulnerables de Guerrero, el licenciado Conrado dejó su estado natal, Veracruz, y se trasladó a la capital, Chilpancingo, donde durante 10 años gestionó obras, servicios y apoyos para que la gente en situación de pobreza y con su trabajo lograra mejorar sus condiciones de vida.
La vida de Conrado y Mercedes era de lo más tranquila: trabajaban, estudiaban, gestionaban, visitaban comunidades vulnerables y resolvían los contratiempos que la lucha les imponía, como son los obstáculos que cotidianamente imponen los gobiernos de todos los niveles para negar solución a las necesidades de la gente. Pero día a día entregaban lo mejor de sí para construir un mejor Guerrero por lo que no merecían tan crueles asesinatos y menos aún ver cómo los delincuentes torturaron y mataron a su hijo menor de edad.
Para honrar su memoria y que no haya impunidad en México, los antorchistas exigimos justicia y seguiremos haciéndolo hasta que logremos ese objetivo. Por esa razón, a un año de sus asesinatos, el domingo 14 de abril de 2024, nos concentraremos en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo para, una vez más, exigirle a la gobernadora Evelyn Salgado que encarcele a los asesinos de dos de los dirigentes antorchistas asesinados en el estado de Guerrero.
