- Firman carta de intención Escuela Judicial y el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Beneficiará la función que realizan jueces, magistrados, proyectistas y personal de las salas jurisdiccionales.
Toluca, México.- Realizar investigaciones conjuntas, cuyo punto de partida sea el Derecho Constitucional y los Derechos Humanos, temas importantes en la dinámica penal y en la procuración de justicia, es el propósito de la carta de intención que formalizaron el director general de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México (EJEM), Joaquín Mendoza Esquivel y el director general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Roberto Lara Chagoyán.
Para la operación de este documento que beneficiará la función que realizan jueces, magistrados, proyectistas y personal de las salas jurisdiccionales, la Escuela Judicial, a través del Centro de Investigaciones Judiciales, y el Centro de Estudios Constitucionales, formarán una comisión de trabajo que se encargará de propiciar el intercambio de información, la organización de protocolos de investigación, la publicación de investigaciones y la colaboración docente, entre otros aspectos.
Durante la suscripción, el director de la EJEM señaló que el objetivo es que, a mediano plazo, la investigación especializada tenga aplicaciones prácticas en la impartición de justicia; además de que sirva como punto de partida para nuevos estudios en los grandes temas jurídicos de actualidad, y contribuya a que los servidores del ámbito jurisdiccional complementen la capacitación que reciben en la Escuela Judicial, formando mejores jueces que sirvan eficazmente a la sociedad.
En este marco, el director general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Roberto Lara Chagoyán expresó su beneplácito por la firma de esta carta de intención que abre paso a una fructífera etapa de colaboración con la Escuela Judicial, en beneficio de la sociedad.
Al respecto, Joaquín Mendoza Esquivel -acompañado por el director del Centro de Investigaciones Judiciales, Ramón Ortega García-, explicó que la educación en derechos humanos y en temas constitucionales es una obligación que alcanza estándares internacionales, porque repercute en la tarea de los juzgadores que, al impartir justicia, deben formular sentencias que respeten la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales, que se desprenden del artículo primero de la Constitución federal, y de los tratados internacionales reconocidos por nuestro país, desempeñándose así con pulcritud, transparencia, exactitud y prontitud.
