- Es posible reactivar el ejercicio de gobierno abierto a nivel federal porque hay condiciones para que regresen las organizaciones de la sociedad civil al Secretariado Técnico Tripartita.
- En los ejercicios locales de gobierno abierto ya se discute la inclusión de compromisos anticorrupción.
Tbilisi, Georgia.- En su segundo día de actividades en la Quinta Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, enfatizó que “Ante el bono democrático con el que llegará al poder el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, la próxima administración federal tendrá la oportunidad de proponer acciones que brinden certeza y permitan al núcleo de organizaciones de la sociedad civil, reactivar el ejercicio de gobierno abierto a nivel federal, luego de que se retiraran el año pasado del Secretariado Técnico Tripartita”.
Durante su ponencia “Los retos y éxitos de los sistemas nacionales anticorrupción”, el comisionado Salas planteó que existen condiciones para reactivar el ejercicio de Gobierno Abierto a nivel federal y señaló que “es fundamental que se restablezca la mesa de diálogo entre el próximo gobierno federal, el núcleo de organizaciones de la sociedad civil y el INAI para tener certidumbre del estatus que tendrá México al interior de la Alianza para el Gobierno Abierto, ya que nuestro país forma parte del Comité Directivo y esta responsabilidad la tenemos en conjunto hasta octubre de 2019. No podemos permitir que se empantane la agenda de gobierno abierto, una agenda construida por más de seis años de la mano con diversas organizaciones de la sociedad civil y de la que México ha sido punta de lanza”.
Al compartir la experiencia de México en materia anticorrupción, Salas Suárez expuso que en 2016 mediante una reforma constitucional se aprobó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus sistemas homólogos en las entidades federativas. Además, expresó que este marco jurídico es la apuesta institucional para erradicar la corrupción en nuestro país en todos los niveles de gobierno y que, desafortunadamente, los retos surgieron al momento de su implementación.
“Hoy, el SNA no opera por completo porque hay nombramientos pendientes o falta aprobar normatividad. Lo mismo ocurre en el nivel local. Incluso, aún no hay claridad de si el próximo gobierno federal dará continuidad a este andamiaje normativo. Mientras tanto, en los ejercicios locales de gobierno abierto ya se discute la inclusión de compromisos anticorrupción, demostrando ser posibles espacios alternos para iniciar el combate a la corrupción”, señaló Salas Suárez.
En la mesa también participaron Michael Aguinaldo, presidente de la Comisión de Auditoría de Filipinas; Eka Gigauri, director ejecutivo de Transparencia Internacional de Georgia; Fiona McLeod, presidente de la Mesa de Rendición de Cuentas de Australia; Rusudan Mikhelidze, de la Red Anticorrupción para Europa del Este y Asia Central de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y Agus Rahardjo, comisionado presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción de Indonesia.
