- Joel Salas Suárez señaló que las Leyes mexicanas de acceso a la información y protección de datos personales contienen innovaciones que pueden contribuir a que no se repitan casos de corrupción internacional, violación grave a derechos humanos o vigilancia ilegal
- El comisionado del INAI participó en jornada de capacitación en temáticas de transparencia y protección de datos personales en Buenos Aires, Argentina
Buenos Aires, Argentina.- La cabal implementación de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados puede contribuir a que no se repitan actos de violaciones graves a los derechos humanos y de corrupción, sostuvo el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez al participar en la jornada de capacitación en temáticas de transparencia y protección de datos personales en el marco del seminario: a un año de la ley de acceso a la información pública en Argentina, llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina.
“Las leyes generales mexicanas de derecho de acceso a la información y protección de datos personales contienen innovaciones que pueden contribuir a que no se repitan casos de corrupción internacional como lo es Odebrecht, de violación grave a derechos humanos como lo fueron los lamentables sucesos de Ayotzinapa y/o de vigilancia ilegal, entre otros casos emblemáticos que han marcado a México y en el que ambos derechos, que tutelamos en el INAI, juegan un papel clave”, enfatizó.
Durante su participación en el panel “el acceso a la información pública versus la protección de datos personales: marco general agencias de doble competencia y jurisprudencia internacional”, Salas Suárez explicó que en el INAI se han resuelto recursos de revisión de casos emblemáticos en el que ha sido necesaria una ponderación de derechos y en el que siempre se ha velado para garantizar el derecho de los y las mexicanas”, afirmó.
Como ejemplos de resoluciones en lo que se ha realizado una ponderación de derechos, el comisionado del INAI aseveró que en cuanto se conoció en la prensa nacional e internacional sobre el caso Odebrecht, los mexicanos solicitaron información a diversas instituciones federales e interpusieron recursos de revisión ante el INAI cuando no se les garantizó su derecho de acceso a la información.
“En el pleno de este Instituto se ha ordenado la entrega de versiones públicas de contratos y anexos, celebrados entre Petróleos Mexicanos y cualquiera de sus filiales, con la empresa Odebrecht. En este caso no se actualizó la reserva declarada por contener datos de secreto industrial invocada por Petróleos Mexicanos por no acreditarse daño a los procedimientos legales invocados y porque se trata de documentos públicos en cumplimiento de una obligación de transparencia”, señaló.
Por su parte, el INAI de la mano con organizaciones de la sociedad civil Artículo 19, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Centro Pro Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y la Universidad Iberoamericana se desarrolló el proyecto “Memoria y Verdad”, una plataforma electrónica con información sobre algunos casos de presuntas violaciones graves a derechos humanos y probable comisión de crímenes de lesa humanidad en México desde los años 60 a la fecha, entre los casos emblemáticos: Guerra Sucia, Acteal, Aguas Blancas, Atenco, Apatzingán, Ayotzinapa, Cadereyta, Campo Algodonero, Guardería ABC, Guerra Sucia, El Halconazo, San Fernando, Tlatelolco y Tlatlaya.
“Con la plataforma tecnológica “Memoria y Verdad” buscábamos generar conocimiento público útil en una sociedad que demanda espacios para la recuperación y construcción de verdad y memoria colectiva en nuestro país. Para la publicación de documentos oficiales y no oficiales, bases de datos, audios, fotografías, vídeos e infografías de casos emblemáticos de la historia reciente de nuestro país se realizaron dictámenes de declaratoria de interés público. En general, se concluyó que sí debe imperar el principio de máxima publicidad frente a los datos personales que obran en el acervo de este proyecto, atendiendo a las circunstancias particulares que existen en torno a los casos que lo integran. Cualquier titular de datos personales puede ejercer los derechos ARCO y de portabilidad respecto a ellos”, explicó Salas Suárez.
Por otra parte, en un nuevo reporte del Citizen Lab de la Universidad de Toronto muestra que México se encuentra entre los países en los que el malware Pegasus, comercializado por la firma israelí NSO Group, sigue siendo utilizado para actividades de vigilancia.
“Ante esta situación he pedido que se inicie en el INAI un estudio sobre investigación de oficio ante posible uso de malware pegasus en México. Esta vez, este Instituto sí puede iniciar el estudio porque ya entró en vigor la nueva ley de protección de datos personales y posee nuevas atribuciones. Dar certeza sobre este caso de presunta vigilancia ilegal es condición necesaria para reactivar el ejercicio de gobierno abierto a nivel federal en el marco de la Alianza Global para el Gobierno Abierto. En el INAI hemos emprendido acciones desde el ámbito de nuestras atribuciones y seguiremos haciendo lo necesario, esperemos que próximo gobierno federal sea receptivo y tome acciones en favor del gobierno abierto”.
El objetivo de esta jornada consistió en Entregar herramientas para la implementación de la ley de transparencia en los respectivos órganos garantes. Durante esta mesa de diálogo también participó Eduardo Bertoni, director de la Agencia de Acceso a la información de Argentina y Juan Eduardo Baeza, jefe de la Unidad Normativa, presidente del Consejo para la Transparencia, Chile.
