Toluca, México.- Al resaltar que desde la 60 Legislatura mexiquense se fortalecerá la normatividad para contribuir a solucionar los problemas a los que se enfrenta la juventud, el diputado Sergio García Sosa (PT), presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, llamó a las instituciones involucradas a redoblar esfuerzos en la prevención del delito y reducir los indicadores.
“Es por ello que ponemos a su disposición todo aquello que se refiera a la materia de legislar para ayudar a las instancias que tratan los problemas juveniles en nuestro estado”, agregó Sergio García, durante la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Justicia de Adolescentes del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de México, celebrada en el Palacio Legislativo.
Al señalar que Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Toluca se encuentran entre los municipios con más ilícitos cometidos por adolescentes, subrayó que la justicia para ellos reclama alternativas puntuales, que no deben ser dictadas para castigar a un ciudadano más, sino tener en cuenta que la juventud es el futuro de la sociedad y que se necesita una reinserción real y efectiva en el sistema de justicia penal.
La legisladora Violeta Nova Gómez (morena) expresó que la 60 Legislatura tiene las puertas abiertas para el diálogo y la coordinación de trabajos con las instituciones encargadas de velar por el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, y desde ahí fortalecer el marco jurídico correspondiente, además de coadyuvar para que existan suficientes procuradores para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en los municipios.
Del PAN, la diputada Ingrid Krasopany Schemelensky Castro dijo que este tipo de reuniones enriquecen los trabajos legislativos y manifestó su interés por las causas que motivan a un menor a delinquir y su posible involucramiento en casos de trata de personas y narcomenudeo.
El magistrado Héctor Pichardo Aranza, coordinador de la Comisión de Justicia de Adolescentes del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de México, reconoció la apertura de la Junta de Coordinación Política, y de la Legislatura en su conjunto, para trabajar en las modificaciones normativas que mejoren el funcionamiento de las dependencias y fortalecer la procuración y administración de justicia para este sector.
Agregó que se debe apostar por una justicia para adolescentes más humana, basada en la prevención y no solo en la sanción, e indicó que se deben fortalecer las políticas públicas para evitar la captación de adolescentes por el narcotráfico, que deriva posteriormente en su participación en delitos contra la salud, secuestro, violación, homicidio y lesiones.
Ofelia Esperanza Cruz Montañez, fiscal especializada en materia de delitos cometidos por adolescentes, explicó que los municipios con más de estos ilícitos son los que tienen una mayor población en este rango de edad, la cual puede compararse con las poblaciones totales de estados como Campeche y Tlaxcala.
En representación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, David Ángel Reza Cortés señaló que para fortalecer la atención a niñas, niños y adolescentes, la institución lleva a cabo acciones de prevención social del delito, escuela segura, educación vial y ferias escolares, y subrayó la necesidad de capacitar a los policías para mejorar su labor.
Del Instituto de Defensoría Pública, la directora, Hilda Nely Servín Moreno, expresó que esa dependencia debe fortalecerse con más defensores, peritos y trabajadores sociales, y subrayó oportuno reformar el cuerpo normativo de acuerdo con el sistema de justicia penal.
De la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Cristel Yunuen Pozas Serrano reconoció que el Estado de México es de las pocas entidades que en su legislación incluye a estas procuradurías a nivel municipal.
Mayra Azucena Molina Villalobos, de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito, señaló que, de acuerdo con la organización México Evalúa, la entidad requiere un mínimo de 600 asesores jurídicos, pero actualmente cuenta con 105, que son insuficientes para satisfacer la demanda, por lo que solicitó el apoyo de los legisladores en materia presupuestal.
Silvia Cuevas Gómez, en representación de la Dirección de Reinserción Social y Tratamiento de Adolescentes, explicó que existen 23 Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social, un albergue y un centro de internamiento para adolescentes, y recalcó la falta de personal que enfrentan la mayoría de las instituciones.
Por su parte, Fredi Hinojosa, de la dirección general del Centro Estatal de Medidas Cautelares pidió el apoyo de los diputados para la creación de una subdirección especializada en adolescentes.
A la sesión también acudieron los diputados Gerardo Ulloa Pérez y Julio Alfonso Hernández Ramírez, de morena; Juan Maccise Naime, del PRI, y José Antonio García García, del PAN.
