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En México, el gobierno abierto es un medio para combatir la corrupción, planteó Joel Salas Suárez en Francia

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  • El comisionado del INAI participó en el foro Días académicos sobre cuestiones de gobierno abierto, en el que compartió con expertos de distintos países la experiencia mexicana en la implementación de este modelo de gobierno a nivel nacional y estatal

París, Francia.- En México, el gobierno abierto es un medio para combatir la corrupción, la desigualdad y la inseguridad, planteó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez.

INAI 035 F2

Ante académicos y expertos de distintos países, reunidos en el foro Días académicos sobre cuestiones de gobierno abierto, organizado por el Instituto Mundial de Desarrollo para la Buena Gobernanza Pública (IMODEV, por sus siglas en francés), el comisionado compartió la experiencia de México en la implementación de este modelo de gobierno a nivel nacional y estatal.

Junto a Joseph Foti, director del programa Mecanismo Independiente de Rendición de Cuentas de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA),  Salas Suárez participó en el panel “¿Qué sigue? A 5 años de la Alianza por el Gobierno Abierto”.

Expuso que los primeros pasos del país en materia de gobierno abierto se dieron a nivel nacional, en el marco de la AGA; sin embargo, destacó que el INAI ha retomado esa experiencia para impulsar una agenda a nivel subnacional.

El comisionado señaló que desde 2015 el Instituto promueve ejercicios locales de gobierno abierto, con el propósito de crear espacios ciudadanos que permitan someter al escrutinio público el actuar del gobierno, revisar la operación de los servicios que ofrece y promover la participación de las personas en soluciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Dijo que actualmente 24 de las 32 entidades federativas han implementado ejercicios locales de gobierno abierto; precisó que de ese total, 13 cuentan con un Secretariado Técnico Local y siete con un Plan de Acción, en el que establecieron compromisos encaminados a mejorar la vida cotidiana de las personas.

A manera de ejemplo, Joel Salas refirió que Durango en su Plan de Acción asumió como compromiso la vigilancia de los recursos asignados y ejercidos en el programa Agua Limpia; Oaxaca, transparentar los recursos asignados al programa de dotación gratuita de uniformes y útiles escolares a alumnos de educación básica, y Veracruz, el seguimiento financiero del gasto en obra pública.

“El gobierno abierto puede convertirse en un referente para la movilidad social; en un medio para garantizar derechos, y en un motor de reformas ambiciosas que vayan más allá del nivel administrativo”, aseguró.

Posterior a su participación, el comisionado Salas Suárez moderó el panel “Datos abiertos y reutilización de la información pública”, en el que destacó la importancia de aprovechar los avances tecnológicos para potencializar el uso de la información pública disponible y elaborar diagnósticos, que permitan dar solución a problemas públicos.

“Los datos abiertos pueden ayudar a mejorar la vida de las personas, por eso un gobierno que se precie de ser abierto debe generarlos y promover su uso”, subrayó.

Salas manifestó que el uso de datos está revolucionando la forma de hacer política, de gobernar y de investigar fenómenos sociales; refirió que actualmente académicos en humanidades y en ciencias sociales, hacedores de política pública y la sociedad civil han tomado ventaja de esos datos para mejorar los diagnósticos sobre los problemas públicos, estudiar comportamientos en la población, entre otras cuestiones.

En el panel participaron William Gilles, cofundador y presidente del IMODEV; Giorgio Mancosu, asistente de enseñanza en Informática Jurídica en la Universidad de Cagliari; Jean Harivel, profesor en la Facultad de Derecho de la Sorbona; Denis Berthault, codirector del grupo de trabajo PSI Reutilización (Asociación Francesa de Industrias de la Información), Mohammed Adnène Trojette, magistrado del Tribunal de Cuentas de Francia, y Simon Caqué, especialista en datos públicos en el Instituto de Derecho Público y Ciencias Políticas.