- La jueza del Poder Judicial mexiquense, Blanca Colmenares Sánchez presentó su libro en la EJEM.
Toluca, México.- La sustracción internacional de menores es un fenómeno capaz de destruir el núcleo familiar y los vínculos sociales, para impedir dicha situación es necesaria la conformación de una ley general en la materia, a fin de dar paso a la unificación en los procedimientos privilegiando el interés superior del menor, afirmó la jueza del Poder Judicial del Estado de México, Blanca Colmenares Sánchez.
Al presentar su libro “La restitución internacional de menores como crisis familiar y su tratamiento en México”, la juzgadora señaló que dicha ley deberá armonizar criterios nacionales e internacionales y determinar la competencia brindando uniformidad en materia de cooperación y ejecución; así como incluir excepciones en casos de violencia doméstica y mecanismos de mediación y conciliación.
La restitución internacional de menores es un concepto que se refiere a al regreso de un niño o niña a su lugar habitual de residencia luego de que fuera trasladado o retenido ilícitamente por alguno de sus padres.
En el auditorio Voluntariado de la EJEM, Colmenares Sánchez indicó que en el país estos asuntos se atienden principalmente en los poderes judiciales locales, donde no se cuenta con un marco normativo, procesos o criterios unificados, pues muchos de ellos son aislados.
La jueza adscrita al Juzgado de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Nezahualcóyotl destacó que, pese a la existencia de algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estas circunstancias generan un entorno de inseguridad jurídica, lo cual impide proteger los derechos de los menores de acuerdo a las normatividades internacionales.
Al presentar esta obra -editada por el Centro de Investigaciones Judiciales de la EJEM -el director general de la institución, Víctor Rojas Amandi coincidió en señalar que no existen reglamentos específicos sobre restitución internacional, por lo que se busca contar con un mecanismo rápido que devuelva a los menores a su lugar habitual de residencia y posteriormente litigar sobre su guarda y custodia.
